El diseño del Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MECNUD) es la instancia más importante para la planificación de las acciones que realizarán las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en el país. Este documento plantea los lineamientos programáticos para el trabajo de las Naciones Unidas para el Desarrollo por el bienestar de millones de argentinos y argentinas. Por eso, es necesario que las personas se involucren en su diseño y en todas las etapas de este proceso.

Guiados por la premisa de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás”, hay que llegar primero a las personas más relegadas. En este sentido, asegurar que el Marco de Cooperación sea inclusivo y escuchar a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad es fundamental para que las acciones de Naciones Unidas sean más efectivas. Así, para delinear las prioridades y las iniciativas de trabajo para apoyar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hemos convocado a jóvenes, mujeres, migrantes, representantes de pueblos indígenas y al colectivo LGBTIQ+, además de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en una amplia gama de temáticas, sindicatos y empresas, entre otros.

Las Naciones Unidas están presentes para asistir al Estado en diversos aspectos clave como la planificación y gestión de políticas públicas o el fortalecimiento institucional para lograr una mayor eficacia en sus gestiones. A su vez, como actor imparcial, se ofrece para acercar posiciones, facilitar diálogos y promover debates en los temas más fundamentales. Nuestro trabajo siempre implica consultar y lograr consensos con actores estratégicos del Estado, de la sociedad civil y del sector privado, y el MECNUD lo muestra reflejado.

Es un hito haber conseguido un Marco de Cooperación con la participación que se detalla en este informe y fue un placer haber formado parte de estos diálogos. Estos intercambios enriquecieron la planificación y nos ayudaron a identificar cuáles son los principales desafíos y las mejores formas de trabajarlos. Por eso, también quería aprovechar esta ocasión para reiterar mi agradecimiento a todas las personas que estuvieron presentes y que compartieron sus experiencias y aportaron sus opiniones, ya que nos han ayudado a perfeccionar nuestros planes para contribuir a apoyar al Estado, en un contexto de gobernanza democrática y participativa.

Argentina es un país con un enorme potencial y tanto la sociedad civil como el sector privado son aliados estratégicos para impulsar y apoyar las soluciones y respuestas que se necesitan en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. Por eso, y para concluir, desde Naciones Unidas seguiremos convocando a las personas para que participen y las invitaremos a trabajar en conjunto a la hora de aplicar el Marco de Cooperación. El compromiso final es lograr un crecimiento que sea sostenible, respetuoso de los derechos humanos y del planeta, con la participación y la inclusión de todos y todas, para no dejar a nadie atrás.

Roberto Valent

Coordinador Residente ONU Argentina

RESUMEN EJECUTIVO

Un aspecto fundamental para cumplir con la premisa de no dejar a nadie atrás es asegurar la participación de las personas, principalmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, en todas las instancias del desarrollo de las políticas públicas y los programas que puedan incidir en su vida. En este sentido, el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Argentina 2021-2025 representa la guía para la planificación de las actividades de las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas para coadyuvar con los esfuerzos del Estado argentino en el cumplimiento de la Agenda 2030, empleando los ODS como ruta de acción para desarrollar un plan de trabajo conjunto durante los próximos cinco años. Por lo tanto, es necesario incluir las voces de la sociedad civil y del sector privado, sobre todo para conseguir una correcta identificación de quiénes son las personas dejadas atrás, cuáles son las causas que explican dicha exclusión, cuáles son las principales necesidades y prioridades, qué desafíos y oportunidades existen, y cuáles son las mejores formas de abordarlos. Más aún, la participación ciudadana promueve una mayor confianza en los procesos, legitima las decisiones adoptadas, mejora la efectividad de la planificación y asegura mejores resultados.

Para incluir los aportes de la sociedad civil en el MECNUD, Naciones Unidas Argentina convocó a diferentes actores a una serie de diálogos. El contexto particular por la pandemia del COVID-19 presentó numerosos desafíos. Las medidas de aislamiento social, la emergencia sanitaria, la profundización de la crisis económica y el impacto multidimensional agravado para la población en situación de mayor vulnerabilidad hicieron que se requiriera un esfuerzo extra para reunir a los actores relevantes. Sin embargo, a pesar de eso, se lograron realizar 11 encuentros virtuales, que abarcaron una diversidad y representatividad de personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones que trabajan y tienen experiencia en distintas temáticas. Entre ellas se encuentran grupos de jóvenes, mujeres, representantes de la comunidad LGBTIQ+, representantes de pueblos indígenas, personas migrantes y refugiadas, organizaciones de empleadores y trabajadores, ONGs que trabajan temas de derechos humanos y empresas organizadas bajo el Pacto Global. Además, estas reuniones se complementaron con una encuesta virtual dirigida a toda la población que fue publicada en la página web de ONU Argentina y difundida por sus redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram).

Los puntos sobre los que hubo más consenso a lo largo de todos los encuentros y en la encuesta virtual fueron la necesidad de: i) considerar la brecha territorial y las desigualdades existentes en los distintos lugares del país en cuanto al acceso a derechos; ii) ampliar las instancias de participación y diálogo entre la sociedad civil y el Estado; iii) fomentar la articulación intergubernamental en todos los niveles de gobierno; iv) hacer cumplir las normas existentes y monitorear la implementación del marco normativo; y v) trabajar en forma integral y complementaria las dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza del Marco de Cooperación.

Estos insumos, y otros, fueron incorporados al MECNUD de forma integral y transversal. Es decir, los aportes brindados en los diálogos se encuentran reflejados a lo largo de todo el documento y no están limitados a un capítulo o apartado específico. Asimismo, muchas de las sugerencias recibidas en los encuentros ya estaban incluidas en el documento a partir del Análisis de País y, en estos casos, se buscó enfatizar la relevancia, visibilidad y potencia a dichos puntos agregando explícitamente que se trataba de cuestiones que habían sido puntualmente destacadas en los procesos de consulta y participación.

Por último, la participación ciudadana se debe asegurar no solo en la etapa de diseño de las políticas públicas y programas, sino también en su implementación y monitoreo. Por eso, más allá del involucramiento desde el inicio del proceso, este es solo un primer paso. Tal como fuera expresado por el Coordinador Residente, Roberto Valent, al comienzo de cada diálogo, el Sistema de Naciones Unidas en Argentina reconoce que los actores de la sociedad civil son una fuerza impulsora en las políticas de desarrollo y aliados esenciales para alcanzar los ODS. Por eso, se compromete a promover su participación significativa en todas las facetas de la Agenda 2030, para lograr consensos en cuanto a las acciones necesarias para no dejar a nadie atrás, llegar primero a las personas más marginalizadas y contribuir al respeto y la garantía de los derechos humanos.

INTRODUCCIÓN

El Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Argentina 2021-2025 (MECNUD) representa el compromiso colectivo de las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas para coadyuvar con los esfuerzos del Estado en el cumplimiento de la Agenda 2030, empleando los ODS como ruta de acción para desarrollar un plan de trabajo conjunto durante los próximos cinco años. De esta forma, incluye los lineamientos de trabajo en la búsqueda de soluciones económicas, ambientales y sociales que respondan a los problemas y vulnerabilidades, aseguren no dejar a nadie atrás y mejoren así la vida de todas las personas en el país. Este instrumento es la instancia más importante para la planificación e implementación de las actividades de desarrollo sostenible y acciones coordinadas de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. El documento fue firmado el 3 de noviembre de 2020, en el marco de la conmemoración por el 75° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina, por Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, y Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país.

El MECNUD requirió el trabajo técnico coordinado de todas las agencias, fondos y programas del SNU, en conjunto con el Gobierno argentino. Además, contó con el aporte de la sociedad civil, del sector privado y de otros aliados estratégicos. A pesar de las dificultades del contexto actual generadas por la pandemia, se realizaron encuestas y se coordinaron 11 diálogos con una diversidad y representatividad de actores. El aislamiento social, la emergencia sanitaria, la profundización de la crisis económica, el impacto en el mercado laboral y las consecuencias multidimensionales agravadas para la población en situación de mayor vulnerabilidad hicieron que se requiriera un esfuerzo extra para reunir a los actores relevantes.

El presente documento pretende dar cuenta, visibilizar y explicar el proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo para que el Marco de Cooperación se adecuara a las necesidades y prioridades de las propias personas que se verán influidas por esta planificación. En este sentido, este informe complementa el MECNUD y profundiza en el esfuerzo realizado por las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y de los propios actores involucrados para llevar a cabo exitosamente este proceso.

Además del propio Marco de Cooperación, este informe se nutrió del Análisis Conjunto de País, del Marco de respuesta y recuperación socioeconómica y ambiental ante el COVID-19 en la Argentina y del documento “NO DEJAR A NADIE ATRÁS: Una guía operativa del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible para los equipos de las Naciones Unidas en los países”. Se comenzará con una descripción acerca de la relevancia de la participación significativa de las personas en las políticas públicas, sobre todo de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad; luego, se explicará la metodología utilizada en los diálogos y se presentará un resumen con los puntos más destacados de cada encuentro y de las encuestas celebradas. Posteriormente, se analizará la incidencia y la presencia de los insumos obtenidos en el MECNUD y se finalizará con las conclusiones.

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

No dejar a nadie atrás es la premisa central de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto implica llegar primero a los grupos de población más excluidos y marginados del desarrollo y abordar las causas multidimensionales de la pobreza, la discriminación y las desigualdades. El principio de no dejar a nadie atrás se complementa también con la perspectiva de género y con el enfoque de derechos humanos, que busca identificar las brechas en la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de la población y pone el énfasis en aquellos grupos que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad. A su vez, el enfoque de derechos humanos requiere que los planes, políticas y procesos de desarrollo estén anclados en el sistema de derechos y obligaciones del derecho internacional, incluidos todos los derechos civiles, culturales, económicos, laborales, ambientales, políticos, sociales, y el derecho al desarrollo.

Uno de los principios fundamentales de derechos humanos que debe guiar tanto el enfoque de derechos como la premisa de no dejar a nadie atrás es la participación significativa de las personas en la programación de las políticas públicas. Para cumplir con los ODS, es necesario asegurar que todos los actores tengan voz y se puedan involucrar en forma equitativa e inclusiva en los procesos de decisión que incidirán en su vida. En particular, es necesario que aquellas personas que encuentran mayores barreras para ejercer sus derechos humanos puedan verse involucradas y ser escuchadas a la hora de diseñar posibles soluciones a sus problemas. A su vez, la participación promueve una mayor confianza en los procesos, legitima las decisiones, asegura mejores resultados, promueve la igualdad en el acceso a la política pública y un equilibrio entre los distintos intereses y mejora la efectividad de la planificación. Es decir, los procesos inclusivos en los cuales las poblaciones afectadas aportan sus voces en la planificación, diseño e implementación promueven resultados con mayor nivel de adhesión y mayor sostenibilidad.

En este sentido, para una correcta identificación de quiénes son las personas dejadas atrás, cuáles son los motivos que explican dicha exclusión, cuáles son sus principales necesidades y prioridades, qué desafíos y oportunidades encuentran y cuáles son las mejores formas de abordarlos es clave lograr un diálogo social representativo con la participación activa de parte de las comunidades. Este diálogo contribuye a robustecer la comprensión de las acciones necesarias para llegar primero a las personas más marginalizadas – o en términos del Presidente Alberto Fernández en su discurso de asunción “empezar por los últimos para llegar a todos” (Fernández, 2019) – y para contribuir al respeto y la garantía de los derechos humanos.

Para que la participación sea significativa, las personas deben poder influir verdaderamente en los procesos que afectarán sus vidas para lo cual se les debe dar una seria y debida consideración a sus opiniones y además ofrecer una devolución sobre cómo sus dichos fueron tenidos en cuenta. Esto también promueve una mayor transparencia, inclusión y la construcción de consensos. Por tal motivo, el presente documento contiene no solo un resumen con los principales puntos destacados en cada diálogo, sino también un apartado donde se describen cómo y dónde se ven reflejadas las recomendaciones en el MECNUD.

Por otra parte, la participación ciudadana se debe asegurar no solo en la etapa del diseño de los programas y las políticas públicas, sino también en su implementación y su monitoreo. Consecuentemente, más allá de involucrar a la sociedad civil y al sector privado desde el principio del proceso, este es solo el primer paso: el objetivo es mantener la interacción a lo largo de todo el período que cubre el MECNUD. Para una efectiva aplicación del Marco de Cooperación, se seguirá invitando a las personas a espacios en los cuales puedan representar sus preferencias y visiones para sus vidas, su seguridad futura y su bienestar.

Para concluir, el Sistema de las Naciones Unidas en Argentina reconoce que los actores de la sociedad civil son una fuerza impulsora en la guía de políticas de desarrollo y un guardián para garantizar la aplicación de las políticas. De esta manera se compromete a facilitar y promover su participación significativa en todas las facetas de la Agenda 2030 y la considera un aliado esencial para alcanzar los ODS.

METODOLOGÍA DE LOS DIÁLOGOS

Naciones Unidas Argentina convocó a diferentes actores de la sociedad civil y del sector privado. En total, se celebraron 11 encuentros. Se invitó a organizaciones de empleadores y de trabajadores, organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de derechos humanos, grupos ambientalistas, empresas organizadas bajo el Pacto Global, organizaciones nucleadas en la iniciativa Pampa 2030[1], y a grupos y sectores en situación de vulnerabilidad, como jóvenes, mujeres, representantes de la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas, y personas migrantes y refugiadas.

El objetivo principal fue dialogar sobre los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, las causas que determinan su situación, las principales necesidades, los temas prioritarios y los desafíos y oportunidades que existen en las dimensiones social, económica, ambiental y de gobernanza. También se buscó sumar aportes e insumos sobre las prioridades estratégicas de cooperación y sobre el valor agregado de las Naciones Unidas en Argentina; es decir, sobre cómo puede contribuir de la mejor manera para que el Estado alcance sus objetivos en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible.

Dentro de los criterios para la convocatoria a los distintos diálogos se incluyeron aquellas organizaciones cuyo trabajo se identifique con la implementación de los ODS, que ya han trabajado con el Sistema de Naciones Unidas en algunos de sus espacios y que trabajen en cooperación con otras organizaciones. Sobre todo, se puso especial énfasis en aquellas organizaciones que residen en el interior del país para asegurar una visión federal; por eso también se invitó a redes para ampliar la territorialidad de la participación y contar con la óptica sobre las diferentes problemáticas en las distintas provincias. A su vez, las convocatorias no solo fueron realizadas por la Oficina del Coordinador Residente (OCR) sino que se hicieron en alianza con otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas (UNFPA, PNUD, ONU Mujeres, ONU SIDA, OIT, OIM, ACNUR) y otros actores, como Pacto Global o la Red Argentina de Cooperación Internacional.

La duración de los diálogos fue de aproximadamente dos horas cada uno. Las reuniones comenzaron con una introducción y una presentación preliminar sobre el MECNUD, y luego hubo varias metodologías de intercambio para escuchar todas las voces: se recurrió a dos tipos de encuestas -unas realizadas con anterioridad a la reunión y otras sincrónicas-, al trabajo en grupos reducidos y a debates en sesión plenaria. La cantidad de participantes osciló entre las 25 y las 50 personas por cada diálogo y la plataforma utilizada fue Zoom.

Algunas de las preguntas que orientaron los diálogos mientras se compartían en pantalla las prioridades estratégicas y los temas prioritarios identificados para cada una de las cuatro dimensiones en las cuales se divide el MECNUD fueron las siguientes:

De los desafíos que ha identificado el Sistema de Naciones Unidas, ¿Cuáles serían los que se deberían abordar de forma prioritaria en el Marco de Cooperación de Argentina para el Desarrollo Sostenible 2021-2025?

¿Cuáles deberían ser los grupos o poblaciones prioritarias en cada una de las dimensiones en las que se debería enfocar el trabajo de Naciones Unidas?

¿Cómo cree que se deberían trabajar los desafíos y las dimensiones identificadas para mejorar la calidad de vida del colectivo que integra y cómo el colectivo podría participar para lograrlo?

¿Qué papel espera que desempeñe la ONU en Argentina en los próximos años en el país y cómo podría/debería cooperar para que el Estado cumpla los objetivos de desarrollo sostenible?

Al igual que con las convocatorias, los diálogos estuvieron apoyados no solamente por el equipo de la OCR sino también por otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas en Argentina, por consultores externos y por actores de la sociedad civil y del sector privado. Este despliegue de recursos y capacidad técnica fue necesaria para luego poder sistematizar adecuadamente todos los insumos obtenidos.

Por otra parte, esta serie de diálogos se complementó con una encuesta virtual amplia dirigida a organizaciones de la sociedad civil, sector privado, personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y público en general, que se difundió por las redes sociales del Sistema de Naciones Unidas, a fin de consultar sobre el papel de las Naciones Unidas en Argentina y sus prioridades de cooperación para los próximos cinco años.

LOS 11 DIÁLOGOS Y LA ENCUESTA VIRTUAL

1. JÓVENES

El primer diálogo realizado fue con jóvenes. La convocatoria y organización contó con la asistencia de UNFPA, ONUSIDA y OIT. Dentro de los temas más recurrentes y las particularidades destacadas para este colectivo estuvieron el pedido de tener una mayor participación significativa en la gestión de gobierno (sobre todo en las temáticas ambientales), las complicaciones para ingresar en el mercado laboral, la discriminación sufrida por colectivos como LGBTIQ+ y la población con VIH, y la necesidad de mejorar la educación, por ejemplo, en materia de Educación Sexual Integral (ESI) que, consideraron, debería trascender la instancia escolar.

Más específicamente, en cuanto a la dimensión económica, se planteó la importancia de trabajar en el cambio de una producción lineal hacia una circular. Además, se alertó sobre los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia y el aislamiento, pidiendo evitar retrocesos y una desaceleración de los avances. En cuanto a la situación concreta de los/las jóvenes, la problemática de la inserción laboral fue uno de los puntos más recurrentes de la reunión, al igual que la informalidad laboral.

Con respecto a la dimensión social, se advirtió sobre la situación de personas con VIH como población en condición de vulnerabilidad y víctima de discriminación estructural, sobre todo en materia de acceso al trabajo y a servicios de salud. También se reclamó una inclusión real del colectivo LGBTIQ+. Asimismo, se destacó la necesidad de una mejora general en la educación, como herramienta de cambio, que sea inclusiva y equitativa. En este sentido, por ejemplo, mencionaron la necesidad de brindar mayores capacitaciones a docentes y personal escolar, tanto en cuestiones de educación a distancia como en temas de Educación Sexual Integral.

Dentro de la dimensión ambiental, las principales preocupaciones giraron en torno a cambiar la línea de producción lineal a una circular y “más verde”. También se destacaron la necesidad de un mayor trabajo en cuanto a la gestión de residuos, de evitar quemas, prohibir el uso de químicos/glifosato, desarrollar la Responsabilidad Social Empresaria, mejorar el acceso al agua y cambiar la matriz energética aprovechando el potencial del país para obtener energía de fuentes renovables. Aquí también se destacó puntualmente la necesidad de participar en las tomas de decisión sobre temáticas ambientales y se reclamó la transversalidad en todas las políticas públicas de la perspectiva ambiental.

En cuanto a la gobernanza, el punto principal fue el pedido de una mayor participación en las tomas de decisiones. Los grupos de jóvenes ofrecieron aportar ideas nuevas y frescas, y reclamaron “sentarse en las mesas de discusión” para que su participación sea realmente significativa y tenga incidencia en todos los momentos de las políticas públicas (diseño, implementación, monitoreo, evaluación). Consideraron que se debe trabajar para institucionalizar espacios de diálogo y que el enfoque de juventud, al igual que la perspectiva de género y de derechos humanos, debe atravesar toda la gestión política. Por otra parte, se señaló la importancia de trabajar de manera integrada a nivel federal y de mejorar la articulación entre Ministerios, Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil que cuentan con experiencia y trabajo en el territorio.

Por último, en cuanto a las opiniones sobre cómo alcanzar estos objetivos y el rol de Naciones Unidas, se resaltaron como mecanismos de cooperación principales la difusión de las metas para conseguir un mayor compromiso por parte de la sociedad en general, estimular las actividades comunitarias de las organizaciones territoriales, promover instancias de diálogo entre la sociedad civil y gobierno, ofrecer un mayor compromiso institucional frente a grupos anti-derechos, y promover un abordaje integral y no sectorizado de las problemáticas socioambientales, impulsando el enfoque de género y de derechos humanos.

1. COLECTIVO LGBTIQ+

El segundo diálogo reunió a personas integrantes del colectivo LGBTIQ+ y representantes de organizaciones que trabajan específicamente con este colectivo, y contó con la colaboración de ONU SIDA y PNUD. Los principales temas debatidos fueron la situación especial de las personas con VIH, la necesidad de que existan mayores canales de participación en las distintas etapas de las políticas públicas y la importancia de la educación y de la difusión de información como forma de combatir la discriminación.

La dimensión social fue la que más atención generó. Se destacó la importancia de contar con políticas públicas de promoción social que sean efectivas y que incorporen e institucionalicen el trabajo de la sociedad civil. Las problemáticas de vivienda, hábitat, alimentación y pobreza estuvieron muy presentes en la conversación. En este sentido, también se indicó la relevancia de implementar y promover la Educación Sexual Integral para que la información llegue a todas las personas. Asimismo, remarcaron la trascendencia de la territorialidad y de considerar las particulares necesidades de cada lugar. Específicamente, también reclamaron que haya una mayor atención sobre las personas con VIH-SIDA y sobre el colectivo trans en términos de difusión y capacitación hacia la sociedad en general, e incluso hacia el personal de salud en particular, como forma de combatir la discriminación.

Relacionado con la dimensión económica, se remarcaron las complicaciones en el acceso al trabajo y a créditos para el colectivo LGBTIQ+. Además, explicaron que no solo existen barreras a la hora de acceder al mercado laboral, sino también durante el empleo: informalidad, acoso, hostigamientos, límites en ascensos, entre otras. También resaltaron la necesidad de que estos colectivos reciban capacitación y formación para poder contar con mejores calificaciones, habilidades y destrezas profesionales. Finalmente, se solicitaron mayores medidas de protección para trabajadoras/es sexuales.

Por otra parte, como forma de atacar los problemas de discriminación y violencia, sugirieron que la perspectiva de diversidad atraviese transversalmente todos los espacios, que el marco normativo se difunda y se cumpla en todo el país, y que existan mejores y mayores capacitaciones a agentes públicos para darle más visibilidad a estas problemáticas y exclusiones estructurales. En relación con la dimensión de gobernanza, se priorizó la temática de acceso a la justicia, sobre todo la investigación apropiada de crímenes y delitos, con enfoque de género, y se sugirió trabajar sobre violencia institucional.

Sobre el rol de Naciones Unidas y las mejores formas para lograr una cooperación efectiva, en el diálogo se valoró el buen nexo entre Naciones Unidas Argentina y la sociedad civil, y se mostró interés en buscar un trabajo articulado y sostenido. Se remarcó la importancia de contar con el apoyo y el respaldo del organismo y sus agencias porque la posibilidad de sumar la voz de Naciones Unidas a sus reclamos puede implicar, a la vista de ciertos sectores, mayor valor, legitimidad, importancia y seriedad. Comprendieron que Naciones Unidas puede ofrecer un canal que amplifique los mensajes del colectivo LGBTIQ+ hacia los gobiernos y hacia la sociedad en general. Se repitió en este espacio la necesidad de obtener un respaldo e incidencia política frente al avance de grupos anti-derechos que afectan particularmente a esta población. Asimismo, se apoyó la idea de que Naciones Unidas favorezca el diálogo de la sociedad civil con los gobiernos y que trabaje para instalar mesas de participación efectiva y significativa en el Estado para que puedan tener impacto en las políticas públicas.

1. MUJERES

El tercer diálogo se realizó con mujeres y con organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, y recibió la asistencia fundamental de ONU Mujeres. Las temáticas más recurrentes fueron la necesidad de una mayor participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de políticas públicas, la importancia de contar con una visión federal y territorial para acceder eficazmente a todos los lugares considerando sus particularidades, y el reclamo para lograr expandir transversalmente la perspectiva de género y la interseccionalidad en todos los espacios.

En cuanto a la dimensión económica, se destacó la necesidad de visibilizar a las mujeres que trabajan informalmente, como en el servicio doméstico, y de empoderar a las mujeres que trabajan independientemente o que buscan lanzar y desarrollar sus propios emprendimientos. También se resaltaron las dificultades especiales de mujeres jóvenes a la hora de acceder al mercado laboral. La cuestión de los trabajos de cuidados no remunerados fue considerada como otra de las prioridades a considerar en el MECNUD. Además, se alertó sobre las brechas salariales y los “techos de cristal”, y se propuso fomentar una mayor participación de las mujeres en el sector tecnológico, a través de capacitaciones, financiamiento, entrega de computadoras o celulares, etc. Asimismo, se habló de la importancia de difundir el conocimiento de herramientas bancarias (educación económica/financiera). Por último, contar con un presupuesto y un gasto público con perspectiva de género, y reformar la estructura tributaria para que se logre una mayor igualdad real, fueron otros puntos conversados como prioritarios.

Dentro de la dimensión social se señaló cómo la pandemia afecta de forma agravada a las mujeres y se reclamó luchar contra los estereotipos. Se coincidió en la necesidad de trabajar para transversalizar la perspectiva de género y que tenga más incidencia en educación, por ejemplo, en la ESI. Además, al igual que los grupos de jóvenes, sostuvieron que debe exceder a la educación formal y llegar a todos los sectores de la sociedad para conseguir una detección rápida de situaciones de abuso y acoso. Por otra parte, sobresalieron las discusiones en torno al difícil acceso del derecho a la salud sexual y reproductiva y se pidió a Naciones Unidas mayor apoyo en la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. El acceso a la vivienda, al hábitat y la lucha contra el hambre fueron otros temas donde las mujeres indicaron que se encuentran con barreras particulares. Asimismo, se destacó la especial discriminación sufrida por mujeres afro y mujeres con discapacidad.

En relación con la dimensión ambiental, se solicitó priorizar la situación de las trabajadoras de la tierra, de las mujeres rurales y de las defensoras de derechos humanos en cuestiones ambientales. Además, se conversó sobre cómo promover programas sustentables, pequeños y a baja escala, y con una mirada territorial, y estimular economías “más verdes”, circulares y feministas.

Con respecto a la gobernanza, el foco principal giró en torno al acceso a la justicia y los casos de violencia de género. Se señaló la importancia de fortalecer la perspectiva de género en todo el proceso judicial, desde la recepción de las denuncias hasta el dictado de sentencias, y que se incluya apropiadamente la participación de las víctimas. También se solicitó colaboración en la difusión de herramientas menos conocidas o con menos distribución a nivel territorial por ejemplo, los distintos servicios de patrocinio jurídico gratuito. La problemática de trata de personas, la falta de datos e información desagregada y la necesidad de brindar mayor capacitación a funcionarios/as públicos/as sobre estas cuestiones también fueron alertadas por varias de las participantes. Ampliar la participación de mujeres en espacios y cargos políticos también estuvo en agenda.

Específicamente sobre el rol de Naciones Unidas para alcanzar estos objetivos, se propuso que ONU Argentina facilite diálogos entre la sociedad civil y el Estado. Solicitaron que esta articulación no se limite a nivel federal o provincial, sino que se extienda al nivel municipal. También se solicitó colaboración para aprovechar la experiencia y la territorialidad con la que cuenta la sociedad civil, en el sentido de amplificar estas voces, ayudar a que lleguen a oídos del Estado e institucionalizar estas prácticas. Por otra parte, se propuso que Naciones Unidas aporte conocimientos técnicos, a través de investigaciones, recopilaciones de datos/estadísticas o informes comparativos de buenas prácticas con otros países o regiones. A su vez, la posibilidad de asistir en la difusión de la ESI en todo el país y en la capacitación y formación de agentes públicos también se entendió como prioritario. Por último, se manifestó la problemática que sufren las pequeñas organizaciones para acceder a financiamiento y capacitación para reforzar el trabajo de estas agrupaciones y democratizar esta clase de oportunidades. En este sentido, también se destacó la importancia de apoyar y fomentar las redes.

1. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El encuentro celebrado con los mandantes de OIT tuvo una metodología particular, donde no se realizaron dinámicas de trabajo en grupo sino que el diálogo se abordó desde la sesión plenaria. Dentro de la dimensión económica, se hizo énfasis en las personas trabajadoras de la economía informal, pero representando la heterogeneidad de la gente que puede integrar este grupo (personas monotributistas, autónomas, trabajadoras de la economía popular, entre otros). En particular, insertos en el contexto de pandemia y aislamiento, se alertó sobre el trabajo a distancia y se pidió darle mayor visibilidad al concepto de trabajo decente.

También se mencionó la necesidad de impulsar una mejor distribución de recursos, a través de una reforma fiscal y tributaria. En este sentido, se destacó la importancia del condicionamiento económico que sufre el país por su deuda externa. Entendieron que la falta de estabilidad macroeconómica y de un modelo de desarrollo económico claro, consistente y con visión a futuro, perjudica el cumplimiento de los derechos humanos.

En la dimensión social se pidió trabajar para que la protección social en general, y la seguridad social en particular, lleguen a todas las personas. Además, se sugirió priorizar la eliminación de las brechas digitales, focalizarse en los trayectos entre educación y trabajo, y favorecer un traspaso apropiado de toda la población a la era digital. Como aspecto transversal a todas las dimensiones, sobresalió el punto de la territorialidad y las desigualdades federales.

A cerca de la dimensión ambiental se consideró que si bien existe normativa apropiada y adecuada, falta un monitoreo y fiscalización sobre el cumplimiento de estas normas. Por otra parte, dentro de la dimensión de gobernanza, consideraron que la normativa electoral no debería estar dentro de las prioridades. No obstante, dentro de este aspecto, sí recomendaron no impulsar el voto digital y observar el financiamiento de partidos políticos, por ejemplo.

Por último, se destacaron el rol del Mercosur y de la integración regional como un aspecto importante para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En esta misma línea, otros dos puntos que recomendaron en la dimensión de gobernanza fueron, fortalecer la presencia de la cooperación Sur-Sur en el MECNUD para que tenga más relevancia y, a su vez buscar formas de incluir a las personas trabajadoras, a los sindicatos y a los empleadores en la gestión pública.

1. ORGANIZACIONES AGRUPADAS EN LA PLATAFORMA PAMPA 2030

El diálogo con agrupaciones nucleadas bajo la plataforma PAMPA 2030[2] mantuvo la dinámica de trabajo en grupos. La convocatoria y la organización del encuentro se realizó en conjunto con la propia Plataforma y también con OIT. En este caso, se decidió adaptar la metodología de trabajo grupal concentrada exclusivamente en una dimensión por grupo (en lugar de que todos los grupos analicen las cuatro dimensiones, como sucedió en los diálogos con jóvenes, con mujeres y con el colectivo LGBTIQ+). Los temas identificados como más prioritarios fueron: las desigualdades económicas y la compleja situación de las personas que pueden ser consideradas como trabajadoras informales, la importancia de reconocer mecanismos regionales, como el Mercosur, que constituyen actores fundamentales para el desarrollo sostenible, y la necesidad de institucionalizar canales para que exista un mayor diálogo y una mayor participación de los distintos sectores de la sociedad civil en la gestión del gobierno.

Con respecto a la dimensión económica, en línea con el diálogo entre los mandantes de OIT, se solicitó diferenciar y considerar las particularidades de cada una de las personas que pueden ser englobadas bajo la categoría de trabajo informal. Se hizo hincapié en el concepto de trabajo decente, se pidió destacar la importancia de la integración regional en el desarrollo sostenible y se señaló la necesidad de trabajar en una reforma fiscal y tributaria para atender estos temas con recursos apropiados. Además, se advirtió sobre los posibles riesgos laborales que pueden implicar las nuevas modalidades de trabajo a distancia y pidieron que se coopere para lograr una mayor fiscalización y cumplimiento de las normas existentes. Se presentó una especial consideración a la situación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en el contexto de pandemia y solicitaron alcanzar un modelo productivo inclusivo.

Dentro de esta dimensión, se alertó sobre la situación de pueblos indígenas y de personas campesinas o que viven en zonas rurales que en ocasiones no tienen acceso al agua. También se pidió priorizar a la población en situación de calle y trabajar para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, los/as jóvenes, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. La cuestión educativa y la formación profesional también fueron ejes del diálogo. En cuanto al rol de Naciones Unidas, hubo coincidencia en que principalmente debería articular diálogos entre distintos actores de la sociedad civil y el gobierno.

En la dimensión social se marcó la importancia de impulsar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. También se coincidió en tomar como temas prioritarios a la salud, la educación y la protección social. Las personas migrantes y refugiadas fueron identificadas como una de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad en este aspecto. Aquí también se pidió a Naciones Unidas ayuda para institucionalizar mecanismos de participación significativa, y que ofrezca y difunda información técnica, que sirva como insumo para la definición de políticas públicas. Además, se diferenció el concepto de seguridad alimentaria con el de soberanía alimentaria. La cuestión de la territorialidad y de asegurar el acceso a todos los servicios públicos para todas las personas fue otro de los puntos destacados.

Por su parte, la dimensión ambiental abarcó temas como la modernización de la matriz energética para que sea sustentable, la posibilidad de crear nuevos empleos verdes, considerar el concepto de transición justa y alcanzar ciudades y centros urbanos resilientes con infraestructura adecuada. Otras sugerencias incluyeron modificar los términos sostenibilidad por sustentabilidad y recursos naturales por bienes comunes. En general, se coincidió en que la normativa ambiental argentina es adecuada y que el mayor problema era su falta de implementación y cumplimiento, pero no la carencia de leyes. Dentro de esta dimensión, se puntualizaron las problemáticas de los pueblos indígenas (falta de titularidad de territorios, deforestación ilegal, invasión de tierras, precarización de calidad de vida, degradación de su hábitat) y se pidió a Naciones Unidas ayudar a fortalecer a la sociedad civil para que pueda monitorear e implementar las políticas públicas ambientales. También se llamó a trabajar a nivel provincial y municipal para reforzar la territorialidad y para que haya una apropiada articulación entre los distintos niveles del Estado. Otra de las posibles colaboraciones sugeridas para que brinde Naciones Unidas fue la asistencia técnica en la elaboración de políticas públicas, la capacitación de agentes políticos y la transferencia de tecnología.

Finalmente, en la dimensión de gobernanza se hizo foco en el tema del Estado de Derecho, de una democracia inclusiva y participativa, donde se garanticen los derechos humanos y donde se asegure un efectivo acceso a la justicia en todo el país. En este sentido, consideraron que existen programas valiosos de acceso a la justicia, pero que no están distribuidos federalmente. Plantearon que se necesita una mayor presencia territorial donde más demanda existe. La violencia de género y la violencia institucional fueron otros puntos destacados como prioritarios. Asimismo, nuevamente, apareció la importancia de que haya un mayor diálogo entre grandes empresas, PyMEs, personas trabajadoras, sindicatos y gobierno, y que esta participación sea significativa y no solo para “validar”. Incluso mostraron entusiasmo en participar también en la implementación, monitoreo y evaluación del propio MECNUD. También se sugirió que Naciones Unidas podría insistir en cuestiones de transparencia y rendiciones de cuentas de los gobiernos y continuar colaborando en la recopilación y sistematización de datos e información desagregada, que refleje las desigualdades en general. Se hizo hincapié en que la normativa electoral no sería un tema prioritario, más allá de reconocer como relevante la cuestión del financiamiento de partidos políticos, el voto electrónico y el recuento provisorio de votos.

1. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJAN EN DERECHOS HUMANOS

El sexto diálogo incluyó organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos en general y en distintas áreas en particular, por ejemplo ambiente, derechos de las personas migrantes y derechos de las personas con discapacidad. Las sugerencias más recurrentes fueron considerar con mayor profundidad las desigualdades sociales, tener en cuenta las brechas entre los distintos lugares del país, impulsar políticas públicas con alcance territorial y que no se limiten a grandes ciudades, y promover una participación de toda la sociedad civil en la gestión del gobierno.

Dentro de la dimensión económica, se pidió tener en consideración las diferencias territoriales y las desigualdades entre los distintos lugares del país. Se señaló la necesidad de impulsar la agroecología y un modelo productivo sustentable, diferente al modelo extractivo actual, por ejemplo, a través de la economía social y popular. Además, se alertó sobre la importancia de los trabajos de cuidado y el trabajo no remunerado desde una perspectiva de género. En este sentido, también se destacaron las desigualdades que enfrentan las mujeres en cuanto al acceso a oportunidades laborales, al igual que los/as jóvenes y el colectivo LGBTIQ+. Otro de los grupos en situación de vulnerabilidad señalados fue el de los pueblos indígenas, que por emprendimientos privados de explotación de recursos naturales pierden la posibilidad de ejercer su economía de subsistencia.

También se alertó sobre los efectos de la pandemia no solo en cuestiones económicas y laborales, sino también en materia de acceso a la salud y a la educación. La problemática de la deuda externa y la falta de educación financiera/bancaria/económica también fueron ejes del debate. Sobre este punto, reconocen el potencial de Naciones Unidas para colaborar con la discusión acerca de la legitimidad de estas deudas dado que afectan el modelo productivo, económico, ambiental y social, y para asistir en la capacitación, financiación y gestión de conocimiento económico para toda la población.

En cuanto a la dimensión social, los temas que se consideraron más prioritarios fueron el acceso al agua, a una alimentación adecuada y coincidieron en el debate entre el concepto de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. También se remarcó el tema de la vivienda, a una educación inclusiva y a una formación profesional. Los problemas derivados de la pobreza y la indigencia también atravesaron la discusión y se propuso promover una mirada interseccional e intercultural.

Con respecto a las poblaciones que mayores barreras encuentran para acceder a estos derechos y a servicios básicos se destacaron las personas en situación de calle, migrantes, campesinas y personas adultas mayores. Se considera que hay una necesidad de trabajar por una mayor protección social, por cerrar las brechas digitales/tecnológicas y nuevamente se pidió considerar las diferencias territoriales en todo el país. En este sentido, se alertó sobre el racismo, identificando que va más allá de la discriminación. Además, se evaluó a la educación como una herramienta fundamental para mejorar a la sociedad y específicamente se requirió difundir la ESI y la educación en derechos humanos. También en esta dimensión se pidió incluir como prioridad la cuestión de la protesta social y la conflictividad social. Sobre el rol de Naciones Unidas, por ejemplo, se solicitó asistencia para monitorear la implementación de normas locales e internacionales y para hacer un buen seguimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales sobre estos puntos. Finalmente, se propuso un mayor acercamiento de Naciones Unidas a áreas rurales.

Sobre la dimensión ambiental, se destacó la importancia de que Argentina cumpla sus compromisos ambientales y que haya un efectivo acceso a la justicia para temas climáticos y ambientales, con jueces y juezas que cuenten con una capacitación adecuada. Se incluyó aquí la debida protección de defensores y defensoras ambientales. También se reconoce la necesidad de profundizar y expandir la educación ambiental y de difundir la relevancia de la existencia de la biodiversidad para la subsistencia de nuestra propia especie humana, generando conciencia sobre el valor de los bienes comunes naturales. En particular, se pidió reforzar el marco y los requisitos de los Estudios de Impacto Ambiental y su alcance.

Por último, la dimensión de gobernanza tuvo como protagonista el encargo de que exista un mayor participación de la sociedad civil en la gestión pública, como un tema transversal a todas las dimensiones. Se pidió ampliar la participación, que sea más significativa, y también fortalecer, capacitar y empoderar a organizaciones locales y territoriales para que cuenten con mas herramientas para este tipo de espacios y diálogos. En este sentido, se invitó a incluir a pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad económica. A su vez, se entendió como prioritario transversalizar el enfoque de derechos humanos en todo proyecto de desarrollo, capacitar a funcionarios/as públicos, que haya mayor publicidad y transparencia en la gestión de gobierno – por ejemplo en temas de presupuesto y gasto público – y que la sociedad pueda acceder fácilmente a esta clase de información. Otras cuestiones que se mencionaron fueron la necesidad de trabajar por un mejor acceso a la justicia, nombrar a un Defensor del Pueblo de la Nación y mejorar la gobernanza de los recursos naturales y el uso de la tierra.

1. EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO NUCLEADAS BAJO LA INICIATIVA PACTO GLOBAL

El diálogo con el sector privado reunió empresas de diversa índole agrupadas en la red del Pacto Global Argentina[3], que colaboró tanto en la convocatoria como en la organización del diálogo. Los puntos que se consideraron más prioritarios fueron: educación y salud, transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, ampliar la articulación entre el sector público y el sector privado, y la necesidad de considerar las particularidades territoriales del país.

En el análisis de la dimensión económica, se pidió priorizar la transición entre educación y trabajo y brindar formación en nuevas tecnologías. En este sentido, sostuvieron que debe haber una relación entre el modelo educativo y un modelo productivo sustentable. Es decir, entendieron que el modelo económico debe incluir consideraciones apropiadas sobre el ambiente, y también considerar las diferentes necesidades que pueden tener las distintas regiones del país. También se alertó sobre las brechas de género y los trabajos de cuidado no remunerados, y se llamó a trabajar por una mayor asociación entre el sector público y el privado. Asimismo, se señaló la necesidad de una mayor inclusión laboral de las minorías y en particular se hizo referencia a la situación de personas adultas mayores. Además, se solicitó mayor educación financiera, promover inversiones en investigación y desarrollo, y se propuso hacer hincapié en cooperativas y emprendimientos como manera de combatir la problemática del trabajo informal. También entendieron que Naciones Unidas debería influir en el empresariado sobre el importante rol que tienen en la generación de empleos y en la sustentabilidad.

Sobre la dimensión social, se destacaron la lucha contra la pobreza multidimensional, la salud (se sugirió considerar el término “bienestar”) y la educación como los temas más prioritarios. En particular, se exigió difundir más la educación en derechos humanos y asistir al Estado para garantizar el acceso a alimentos y a una vivienda y un hábitat digno. En este sentido, recomendaron realizar un tratamiento integral e interrelacionado de todos los temas sociales. Se advirtió sobre la brecha digital y tecnológica, sobre la desigualdad de género y sobre el trato desfavorable que reciben las personas migrantes.

En cuanto al rol de las Naciones Unidas para asistir en estos desafíos, se propuso que utilice su capacidad de incidencia política, que apoye el desarrollo local y territorial y que aproveche su visión más estratégica y a mediano/largo plazo, por fuera de lo coyuntural. También se sugirió que colabore en la creación de nuevas redes y alianzas y que elabore herramientas que ayuden a las empresas a medir y mitigar sus impactos sociales y ambientales.

Con respecto a la dimensión ambiental, un punto clave fue la redefinición de la matriz energética con foco en fuentes renovables. También se resaltó la importancia de expandir la educación ambiental, de promover una economía circular, de incorporar bonos verdes/sustentables en el sector financiero y la necesidad de mejorar el tratamiento de los residuos y de preservar la biodiversidad. Además, se habló sobre afianzar la responsabilidad de las empresas en la sustentabilidad y de reconocer los logros que se alcancen desde el sector privado. Asimismo, se pidió que Naciones Unidas amplíe su llegada a los territorios más necesitados, con programas accesibles y comprensibles para todas las personas e información en lenguaje claro. También sugirieron que se gestionen y difundan conocimientos, por ejemplo, poniendo a disposición experiencias globales para que se adapten a las necesidades propias del país. Finalmente, se urgió a trabajar en una salida adecuada de la crisis provocada por la pandemia sin que resulte en la pérdida de los progresos alcanzados en materia ambiental.

Por último, la discusión de gobernanza giró en torno a temas como la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, el control del gasto público y también sobre la importancia de contar una mayor participación ciudadana en la gestión del Estado. Se pidió priorizar los temas de acceso a la justicia, prevención de violencias, seguridad ciudadana y se agregó la cuestión de la seguridad jurídica y la necesidad de contar con reglas claras. Aquí se profundizó en sostener el Estado de Derecho y que exista una verdadera independencia judicial. También se invitó a Naciones Unidas a fortalecer las capacidades institucionales de Argentina, a impulsar una mayor coordinación interministerial y a nivel nacional, provincial y municipal y a favorecer el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil para que haya un mayor control sobre el gobierno y una llegada más territorial de los programas.

1. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJAN EN DDHH, EN CONJUNTO CON LA CEPAL

El octavo diálogo realizado incluyó a las organizaciones que trabajan en derechos humanos en relación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los temas que se destacaron fueron la necesidad de analizar integralmente todas las dimensiones y de transversalizar la perspectiva de género.

Dentro de la dimensión económica, se valoró el hecho de contar con un presupuesto con perspectiva de género, pero se señaló la necesidad de monitorear su cumplimiento. También se alertó sobre la territorialidad y se llamó a que ONU Argentina apoye a las provincias y a los municipios. Otros de los puntos mencionados como prioritarios fueron la problemática de la desigualdad con respecto al trabajo de cuidados, la informalidad laboral, la articulación entre educación y trabajo y las brechas digitales (conectividad, disponibilidad de equipos, computadoras, teléfonos). Se consideró que algunos de los principales grupos afectados en esta dimensión son las personas migrantes, mujeres, personas con discapacidad y jóvenes. A su vez, se resaltó la relevancia de definir un modelo productivo no extractivista sino sustentable y que exista una transición a un paradigma más ecológico.

En la dimensión social se consideró como prioritario el acceso a la salud, a la educación, a servicios básicos, a internet, a la seguridad social y se relacionaron estos puntos con la lucha contra la pobreza. Específicamente, se destacó la relevancia de la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral, la educación inclusiva y el acceso a una vivienda y un hábitat digno. Asimismo, se solicitó colaborar para reducir las brechas que aumentaron con la crisis provocada por la pandemia y aumentar la cobertura de la protección social. Como sucedió en otros diálogos, consideraron que las principales poblaciones afectadas eran las mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas refugiadas, afrodescendientes, personas adultas mayores, y personas con discapacidad. También aquí surgió la cuestión de la interseccionalidad y de la territorialidad (por ejemplo, descentralizar la infraestructura y los servicios de salud y educación).

En tercer lugar, la dimensión ambiental también concentró puntos acerca de las distintas necesidades territoriales. A su vez, se advirtió sobre los riesgos a la salud que pueden provocar los daños ambientales y se tomó como prioritario que todas las políticas públicas consideren estos temas. Por ejemplo, se propuso que Naciones Unidas coopere para mejorar la gestión de residuos y basura, y para prevenir la contaminación de suelos. Se pidió, a su vez, luchar por una transición de la matriz energética donde no haya subsidios a combustibles fósiles y darle mayor espacio a la prevención del cambio climático. Además, se destacó que las personas más afectadas por estas problemáticas son las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como los pueblos originarios, que en ocasiones son expulsados de sus tierras. También se propuso considerar en el MECNUD la responsabilidad empresarial en temas ambientales y modificar el término seguridad por soberanía alimentaria.

Sobre la dimensión de gobernanza, nuevamente estuvo presente la cuestión de género y se habló del desafío pendiente de alcanzar una paridad y acceso en todos los ámbitos, no solo en listas electorales sino también en puestos de decisión, ya sea del sector público o privado. También ocuparon un lugar relevante en el diálogo la violencia de género, la violencia institucional, el acceso a la justicia y la necesidad de capacitar a funcionarios/as, por ejemplo, a través del monitoreo del cumplimiento de la Ley Micaela. Asimismo, se pidió fortalecer la participación política y de consulta significativa, con incidencia e impacto, de la sociedad en general, y de las personas con discapacidad en particular. Se sostuvo que ONU Argentina podría colaborar en institucionalizar y formalizar espacios de diálogo, que sean representativos y territoriales de forma de integrar a todos los actores relevantes. Además de articular entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, se solicitó que la organización colabore para empoderar a estos actores, y facilitar y democratizar el acceso para que las asociaciones más pequeñas se puedan relacionar con las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas en Argentina. Por último, también se invitó a colaborar para aumentar la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de los gobiernos.

1. Resultados de la encuesta virtual elaborada para los diálogos con organizaciones de derechos humanos

Para los tres diálogos con las organizaciones de derechos humanos, incluyendo las relacionadas con PAMPA 2030 y CEPAL (Ver apartados 7.5, 7.6 y 7.8), se envió una encuesta online para que completaran antes del encuentro virtual, para obtener insumos sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad con las que trabajaban, las causas que podrían explicar la exclusión y sus visiones a futuro acerca de aquellos grupos. La primera pregunta apuntaba a saber con qué poblaciones se relacionaban las organizaciones invitadas. Los grupos más reiterados fueron personas en situación de pobreza extrema, mujeres, poblaciones indígenas, mujeres víctimas de violencia de género e integrantes del colectivo LGBTIQ+. Para el resto de las respuestas, como se pedía concentrarse en un único grupo de aquellos con los que trabajaban, la mayoría eligió enfocarse en mujeres, personas en situación de pobreza extrema y poblaciones indígenas.

Con respecto a las causas que mejor explican la situación de vulnerabilidad, las razones que mayor cantidad de votos obtuvieron fueron, primero, la condición socioeconómica (la falta de recursos) de las personas que integran esta población; segundo, la falta o ineficacia de los servicios, instituciones, presupuesto y/o la dificultad de participar en la toma de decisiones; y tercero, la discriminación que otros grupos, instituciones y/o la sociedad le hacen sentir a estas personas por alguna característica o rasgo personal. En particular, se destacó la exclusión del mercado laboral y de los servicios públicos, y la interseccionalidad de condiciones que generan múltiples discriminaciones acumulativas.

A continuación, cuando se preguntó por la participación de estos grupos, un 48% de las personas señaló que estas poblaciones no son consultadas sobre las políticas públicas que las afectan y un 44% consideró que esto sucede solo a veces. Con respecto a las principales herramientas para mejorar la situación de estas poblaciones se destacaron la educación, una mayor participación ciudadana, acceso a servicios básicos y un presupuesto adecuado. Por último, hubo mucha paridad en cuanto al diagnóstico de la situación durante los últimos 5 años: un 48% consideró que la calidad de vida de estas poblaciones empeoró algo o mucho en los últimos cinco años, mientras que un 36% entendió que mejoró algo y para un 8%, mejoró mucho. Finalmente, hubo optimismo con respecto al futuro en tanto un 60% de las personas encuestadas piensan que la situación de estas poblaciones mejorará algo en los próximos cinco años y un 12% cree que mejorará mucho.

1. PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

El diálogo con personas migrantes y refugiadas y representantes de sus organizaciones contó con la asistencia particular de OIM y de ACNUR y señaló la necesidad de considerar algunos puntos específicos sobre este colectivo. Por ejemplo, dentro de la cuestión laboral, la importancia de contar con capacitaciones y formación, de difundir la información con las ofertas y recursos existentes, y de revalidar y certificar los títulos de sus países de origen. Además, se alertó puntualmente sobre el hábitat, la vivienda y los riesgos ambientales de la población que vive en determinados territorios, y también se remarcó la necesidad de considerar todas las dimensiones de forma integral y transversal.

Específicamente sobre la dimensión económica, se pidió incluir los aspectos de economía popular, economía solidaria y economía social. También se coincidió con otros diálogos en el punto de expandir y desarrollar el término de informalidad laboral, y se señaló la particularidad de los trabajos de cuidado no remunerados. En este sentido, se propuso que haya colaboración para financiar emprendimientos y generar incentivos para que el sector privado contrate mano de obra migrante o refugiada, sobre todo en el contexto de crisis actual. Además, se llamó a pensar en un modelo productivo que sea sustentable e inclusivo, que comprenda las dificultades y la discriminación que encuentran las personas migrantes para acceder al mercado laboral, en particular las personas adultas mayores. También la vulnerabilidad externa fue considerada como un tema prioritario. Por otra parte, se alertó sobre la problemática existente en cuanto a la homologación y reválida de títulos, que opera como barrera para conseguir un trabajo decente. Por eso, se consideró que Naciones Unidas podría apoyar en el fortalecimiento institucional del gobierno argentino para superar estos inconvenientes y todo lo relacionado con la documentación (DNI y residencias precarias, entre otras). También se pidió colaboración para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, para que estén mejor preparadas para participar de diálogos con el Estado. Asimismo, consideraron que la ONU en Argentina podría asistir en cuanto a la recolección de datos y estadísticas a través de censos u otros métodos para conseguir información sobre este colectivo.

Sobre la dimensión social, se puso el foco en la educación profesional y en la formación para los empleos, pero no solo universitaria, sino también revalorando los oficios. Se consideró importante que se difunda más la información acerca de las capacitaciones existentes, incluso sobre el idioma español, además se sugirió que se extienda el conocimiento sobre las posibilidades para acceder a derechos como salud o educación.

Otros temas que se resaltaron como prioritarios fueron el acceso a la tecnología, a internet y a la conectividad, reforzar el derecho a la seguridad social, tener en cuenta las diferencias territoriales y las necesidades propias de las poblaciones según el lugar donde habiten, fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva, y destacar el aporte cultural y artístico de la comunidad migrante en general, y afrodescendiente en particular. Se entendió que Naciones Unidas puede ayudar a implementar la normativa existente sobre estas temáticas y a organizar mesas de incidencia locales e instancias de diálogo con actores relevantes para que las políticas públicas sean más efectivas.

La dimensión ambiental fue relacionada con la cuestión del hábitat y la vivienda, y se mencionó como prioritario la problemática del acceso a la tierra, la promoción de la agricultura familiar, la contaminación producida por pesticidas y agrotóxicos, la adaptación al cambio climático y la gestión de residuos. También se valoró la seguridad alimentaria como uno de los temas prioritarios y se pidió darle prioridad a la prevención de desastres en las zonas donde se asienta la población en situación de mayor vulnerabilidad. Finalmente, se invitó a trabajar para aumentar la concientización acerca del cuidado del ambiente y la educación a ciudadanos y empresas sobre su responsabilidad en este tema.

Con respecto a la dimensión de gobernanza, se solicitó un mayor fortalecimiento de los sistemas electorales provinciales. Quienes participaron del diálogo concluyeron que valoraban la posibilidad de votar en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, y que el empadronamiento pasara a ser automático, pero exigieron, por un lado, que esto se extienda al resto del país, y que se trabaje para alcanzar el derecho a ser elegido/a. En este sentido, remarcaron como prioritario contar con una mayor representatividad de personas migrantes en el gobierno. También se destacaron los puntos de acceso a la justicia, acceso a la información, la necesidad de generar e institucionalizar más instancias de participación y diálogos, y de contar con una perspectiva migratoria en la formulación de políticas públicas, en todas las etapas.

A su vez, consideraron que Naciones Unidas podría ayudar a transversalizar el enfoque de derechos humanos en todas las políticas, sobre todo las dirigidas a migrantes, a que se derogue el Decreto 70/2017, y a mejorar la articulación intergubernamental para que no haya trabas en el acceso a derechos.

1. ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED ARGENTINA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (RACI)

El décimo diálogo reunió a organizaciones de derechos humanos que trabajan en una gran diversidad de temáticas y que integran la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI)[4]. La colaboración de la Red fue fundamental para la convocatoria y la organización del encuentro. Los puntos más relevantes fueron la importancia de abordar de forma integral de todas las dimensiones considerando la perspectiva de género y las desigualdades existentes, la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para que tome decisiones basadas en evidencia y el pedido para que Naciones Unidas empodere a la sociedad civil y articule espacios de diálogos y participación entre estos sectores y el gobierno.

Dentro de la dimensión económica, se destacó la necesidad de modificar y diversificar el modelo productivo, incorporando la dimensión ambiental y el concepto de sustentabilidad. Asimismo, también se recomendó destacar en esta dimensión el concepto de transición justa, sobre todo como forma de atacar la problemática de la informalidad laboral y del desempleo. También se sugirió incorporar los conceptos de economía social y solidaria. Se llamó a trabajar para apoyar a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), cooperativas y emprendimientos, y para impulsar puntualmente el sector tecnológico y digital. También se mencionó la relevancia de reestructurar el sistema tributario para que sea justo y progresivo, de considerar la vulnerabilidad externa y de tener cuidado con las fórmulas que se presenten para salir de la crisis provocada por el COVID-19. En esta dimensión, se consideró que habría que brindar especial apoyo a los/as jóvenes, a las mujeres, a las personas transgénero y a las personas migrantes, sobre todo considerando las barreras que enfrentan para ingresar al mercado laboral. En cuanto al rol de Naciones Unidas, se sugirió que brinde capacitaciones y asistencia técnica para lograr una transición justa, que articule con organizaciones de la sociedad civil territoriales, y que impulse espacios de diálogo con el Estado.

Con respecto a la dimensión social, la educación, la salud y la pobreza fueron destacadas como fundamentales, sobre todo por la afectación que sufrieron con la pandemia. A su vez, se alertó sobre la desigualdad como un punto fundamental para todas las dimensiones y sobre la brecha digital y tecnológica existente. Se recomendó fortalecer y expandir la protección social y considerar a la pobreza en su faz multidimensional, no limitada únicamente a lo económico. La seguridad alimentaria fue identificada como una de las cuestiones clave sobre las cuales trabajar. También se hizo referencia a la cuestión de la territorialidad y de asegurar la llegada de las políticas públicas a todos los sectores del país, considerando las necesidades particulares de cada lugar. Además, se solicitó que Naciones Unidas aproveche su visión externa y que intervenga como un actor tercero imparcial que ayude a visibilizar los problemas existentes y a monitorear y evaluar los impactos y resultados de las medidas que se tomen para resolverlos. Se postuló que refuerce su rol como mediadora en casos que sea necesario o que asista en negociaciones. A su vez, se instó a que impulse la participación efectiva de la sociedad en el gobierno y que fortalezca a las organizaciones no gubernamentales y a las iniciativas publico/privadas.

Sobre la dimensión ambiental, se insistió con el tema de la transición justa y se destacaron los puntos de responsabilidad empresarial (sobre todo las empresas industriales, energéticas y extractivas), educación y concientización ambiental, y territorialidad. En este sentido, si bien se aclaró que todas las personas se ven afectadas por esta dimensión, se consideró que se debería trabajar principalmente con aquellas poblaciones que ven afectado su territorio. En particular, se alertó sobre la falta de consulta previa e informada de los pueblos originarios y se entiende que, si bien la normativa puede ser apropiada, el problema principal radica en su falta de cumplimiento e implementación. A su vez, se volvió a requerir que Naciones Unidas empodere a los actores relevantes y se asegure de que estén involucrados en los diálogos en todas las etapas de los proyectos o políticas que los puedan afectar, y que monitoree el seguimiento de los compromisos ambientales internacionales adoptados por Argentina.

En la dimensión de gobernanza, se volvió a hacer referencia a la cuestión de género y se destacó como importante el tema del financiamiento de partidos políticos y de la protección de la intimidad y privacidad del voto. Una vez más, se mencionó el valor de la participación ciudadana, incluso en el diseño del presupuesto, como forma de control social sobre el gobierno y de lucha contra la corrupción. Además, se pidió darle prioridad al acceso a la justicia, a la independencia judicial y a la protección de víctimas, y también asegurarse de fortalecer las capacidades del Estado para tomar decisiones basadas en evidencia, incorporando la visión de la sociedad civil y con criterios de territorialidad y federalismo. Finalmente, se pidió promover la transparencia, la trazabilidad del financiamiento de la política, la rendición de cuentas, el acceso a la información, un gobierno abierto y la articulación intergubernamental en todos sus niveles.

1. PUEBLOS INDÍGENAS

El diálogo celebrado con pueblos indígenas de diversos lugares del país, sus representantes y organizaciones que trabajan por sus derechos utilizó una metodología adaptada, sin trabajo en grupos, y con una discusión plenaria sobre todas las dimensiones. Al igual que en la conversación con personas migrantes, este encuentro permitió destacar las prioridades propias de este colectivo. Los puntos destacados del intercambio fueron: la necesidad de contar con títulos que les reconozcan y garanticen la propiedad comunitaria de sus tierras; la protección del ambiente; la falta de participación en las políticas públicas que los afectan; y el cumplimiento y aplicación de la normativa existente, en particular del Convenio 169 de la OIT.

En la dimensión ambiental, una de las que recibió mayores comentarios, se pidió priorizar el respeto a la tierra y a los recursos naturales, y destacaron el trabajo necesario para que se validen e institucionalicen los cuidados de los pueblos indígenas sobre los territorios. En este sentido, enfatizaron que los pueblos originarios cuentan con experticia ancestral para resguardar a la biodiversidad y los ecosistemas. Además, recordaron que este cuidado no es solo hacia la naturaleza y a los pueblos originarios, sino para toda la humanidad, por tal motivo, pidieron impulsar, instancias de co-manejo para áreas protegidas. En esta dimensión en particular reclamaron mayor participación significativa, que tenga incidencia e impacto, en todas las políticas públicas y desarrollos empresariales que pudieran afectar sus derechos. Consideraron que la prioridad no debe ser reformar la normativa actual o promulgar nuevas leyes, sino cumplir con el marco existente. Puntualmente, advirtieron que no se cumple con el derecho a la consulta libre, previa e informada. Otros de los temas considerados como prioritarios de esta dimensión incluyeron la protección de bosques nativos, el acceso al agua, la contaminación, la prohibición de los agrotóxicos y la promoción de una agricultura sostenible.

En cuanto a la dimensión de gobernanza, la discusión giró principalmente en torno al reclamo de una plena participación como sujetos de derechos colectivos y sujetos políticos. Se instó a lograr que se desarrollen políticas públicas con un enfoque territorial y con el involucramiento de las personas que se van a ver afectadas, fortaleciendo las instituciones propias de los pueblos originarios, evitando el clientelismo político o electoral e identificando apropiadamente a los interlocutores relevantes. Asimismo, solicitaron que se trabaje para garantizar la delimitación de tierras y el otorgamiento de la titulación colectiva a pueblos originarios, para brindar más seguridad jurídica a las comunidades en la gestión y administración de sus territorios. Aquí también recordaron que existe un marco jurídico adecuado, pero que no se respeta o no se instrumenta. Reclamaron mayor representatividad de pueblos indígenas en los distintos niveles del Estado y que se recolecten datos, estadísticas e información sobre los pueblos indígenas en el país, y propusieron capacitar a las instituciones públicas en el marco de derechos indígenas, por ejemplo en salud y educación.

En particular, se pidió a Naciones Unidas que promueva mayores espacios de diálogo entre el Estado, en todos sus niveles, y los pueblos indígenas, y que dichos mecanismos se institucionalicen, para que no dependan del gobierno de turno. Además, se reclamó apoyo en la aprobación de una ley de propiedad comunitaria indígena y que utilice su incidencia para aumentar la voluntad política para que se cumplan los derechos de los pueblos originarios. Por otra parte, solicitaron un fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas para poder aplicar y acceder a programas de financiamiento para sus propios proyectos y administrar los fondos.

Sobre la dimensión social, se recomendó trabajar en temas de educación. Se sugirió avanzar en la educación intercultural bilingüe y multilingüe, revitalizar las lenguas originarias y visibilizar los aportes y la importancia de los pueblos indígenas en los contenidos curriculares. A su vez se pidió un mayor reconocimiento a la medicina tradicional ancestral, acceso a la salud intercultural, que no haya discriminación en el acceso a los sistemas de salud formal y garantizar la soberanía alimentaria en todo el país. La pobreza y la desnutrición fueron otros de los temas considerados como centrales para este grupo. También se alertó sobre la discriminación interseccional que sufren las mujeres indígenas y niños y niñas indígenas con discapacidad. El respeto y reconocimiento de la identidad propia de las distintas comunidades y pueblos indígenas y el acceso a sus propios medios de comunicación se incluyeron entre los temas debatidos. Se pidió reforzar la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y no criminalizar sus reclamos, sus protestas y sus luchas.

Finalmente, sobre la dimensión económica, pidieron relacionarla fuertemente con la dimensión ambiental y alejarse de un modelo extractivo que solo priorice el desarrollo económico de ciertos sectores por sobre el cuidado de la naturaleza y que margine y excluya a la mayoría de las personas. Reclamaron una matriz productiva sustentable e inclusiva, que garantice el buen vivir, respetando al ambiente. También solicitaron que se asista en la financiación para conseguir licencias de propiedad intelectual sobre los conocimientos, diseños, semillas originarias y otros productos de pueblos indígenas. Llamaron a impulsar una economía comunitaria o social y a brindar mayor asistencia económica a los pueblos indígenas.

1. Resultados de la encuesta general impulsada por Naciones Unidas Argentina

Esta serie de diálogos se complementó con una encuesta virtual amplia, dirigida a organizaciones de la sociedad civil, sector privado, personas y grupos en situación de vulnerabilidad y público en general, que se difundió por redes sociales del Sistema de Naciones Unidas, a fin de consultar sobre el papel de las Naciones Unidas en Argentina y sus prioridades de cooperación para los próximos cinco años.

Con respecto cómo ha evolucionado la situación o calidad de vida en los últimos 5 años, volvió a manifestarse cierta paridad, al igual que en la encuesta dirigida a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos humanos y que fueron convocadas para distintos diálogos (Ver punto 7.9): un 45% consideró que su situación en los últimos años mejoró algo o mucho y un 40% respondió que empeoró algo o mucho. También se repitió el optimismo de cara al futuro y un 52% pronosticó que en los próximos 5 años, su situación y calidad de vida mejoraría.

Otra de las preguntas consultó cuáles eran las poblaciones que se consideraban en situación de mayor vulnerabilidad en el contexto actual de la Argentina (sin límite de opciones). La mayor cantidad de respuestas fue para mujeres que son víctimas de violencia basada en el género (93%), personas en situación de pobreza extrema o que tienen muy bajos recursos (93%), y niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia doméstica (92%).

De la encuesta también se desprendió que la limitada planificación de largo plazo para el desarrollo del país, la inestabilidad económica, la desigual distribución de la riqueza, los altos índices de pobreza y pobreza extrema, y la cultura patriarcal y machista son los principales desafíos a abordar.

Por último, con respecto a cuáles eran las formas de cooperación más efectivas de Naciones Unidas, la mayoría de las personas consideró a la movilización de recursos, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la promoción de alianzas inclusivas y el empoderamiento y desarrollo de las capacidades de las poblaciones.

SÍNTESIS DE LOS DIÁLOGOS

A continuación, se presentarán los temas más reiterados y sobre los cuales hubo mayor coincidencia a lo largo de todos los diálogos, divididos por dimensión.

Con respecto a la dimensión económica hubo tres ejes principales que se reiteraron en la mayoría de los encuentros. En primer lugar, se consideró prioritario trabajar para revertir la informalidad laboral. En este sentido, se destacaron las dificultades existentes para ingresar en el mercado laboral y se aclaró que el universo que integra la categoría de trabajo informal es amplio y heterogéneo. En segundo lugar, se coincidió en la necesidad de repensar y fijar un modelo productivo que sea sustentable y no solamente concentrado en aspectos económicos sino que involucre temas sociales y ambientales. El tercer eje fue el de la brecha territorial. Este último punto atravesó las cuatro dimensiones y estuvo presente en todos los diálogos. Así, se llamó a pensar cada política pública y cada forma de cooperación según las necesidades particulares que pueda tener cada lugar del país. Otros tres temas complementarios que se repitieron como prioritarios fueron la necesidad de impulsar una reforma tributaria, de incorporar los conceptos de economía popular/economía social/economía solidaria y de destacar los trabajos de cuidado no remunerados, desde una perspectiva de género.

Sobre la dimensión social, no hubo puntos sobresalientes sino que la mayoría de los temas identificados como prioritarios se trabajaron por igual. Se coincidió en la cooperación para combatir la pobreza multidimensional, para expandir la protección social, para fortalecer los sistemas de salud, para mejorar los problemas habitacionales y de hábitat, y para reforzar la formación profesional y la relación educación/empleo. En particular, con respecto a la educación, se pidió hacer referencias explícitas a la ampliación de la ESI y remarcar la problemática de las brechas digitales y la falta de acceso a la conectividad, computadoras o celulares. La seguridad alimentaria también surgió como uno de los temas clave y varias personas recomendaron modificar el término por soberanía alimentaria. Asimismo, consideraron importante que en esta dimensión en particular haya referencias a las desigualdades que sufren colectivos tales como LGBTIQ+, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y población con VIH, entre otros.

En la dimensión ambiental hubo cuatro puntos sobre los que hubo consenso en la mayoría de los diálogos: la necesidad de hacer cumplir las normas existentes y monitorear la implementación del marco normativo; difundir la educación y la concientización ambiental en todos los niveles y espacios; modificar la matriz energética para que se centre en fuentes renovables; y fomentar la participación de la sociedad en los proyectos que pudieran afectar su territorio, en particular de los pueblos indígenas.

Por último, el tema principal y de unánime preocupación en la dimensión de gobernanza a lo largo de todos los encuentros fue la necesidad de ampliar las instancias de diálogo entre la sociedad civil y el Estado. En este sentido, se solicitó apoyo a las Naciones Unidas para trabajar para articular e institucionalizar espacios de participación significativa y con incidencia en las distintas etapas de las políticas públicas. Luego, como temas complementarios, se consideró prioritario cooperar para lograr mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos y para transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos, en particular en el acceso a la justicia. También se pidió reconocer a mecanismos regionales, como el Mercosur, para que sean actores fundamentales a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, y se solicitó mejorar la articulación intergubernamental, en los tres niveles de gobierno y en todas sus dependencias.

INCORPORACION DE LOS INSUMOS AL MECNUD

La incorporación de todos estos insumos al MECNUD se realizó de forma integral y transversal. Es decir, los aportes brindados en los diálogos son reconocibles a lo largo de todo el Marco de Cooperación y no están limitados a un capítulo o apartado específico. Asimismo, muchas de las sugerencias recibidas en los encuentros ya estaban incluidas en el documento a través de sus etapas de elaboración y fueron confirmadas en su versión final. En estos casos, se buscó darle mayor peso, visibilidad y potencia, agregando precisamente que se trataba de cuestiones que habían sido puntualmente destacadas en los procesos de participación. Sin pretender agotar exhaustivamente las contribuciones de la ciudadanía que se ven reflejadas en el Marco de Cooperación, pero también reconociendo la dificultad de incluir todo lo sugerido y de compatibilizarlo con la validación interna para el proceso de firma, a continuación, se brindan algunos ejemplos donde se hace referencia a lo conversado en los diálogos. En particular, se destacan las propuestas que mayor consenso reunieron y que de alguna forma profundizaron o complementaron la enunciación de los temas prioritarios con la que se trabajó en los encuentros.

Desde el Capítulo 1 del MECNUD, en el apartado Avances hacia la consecución de los ODS (1.3), se incluyó la importancia de jerarquizar la agenda de género y asumir un rol activo en la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres y las diversidades. Puntualmente, allí se destaca que éste fue uno de los temas más mencionados en las reuniones con la sociedad civil, el sector privado y otros actores estratégicos.

En el apartado sobre Desafíos y Obstáculos (1.4) se advierte sobre la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y la efectiva coordinación entre diversos niveles de Gobierno. Estos puntos también fueron señalados como prioritarios en los diálogos en el MECNUD, como anteriormente fue detallado. Asimismo, en el MECNUD se marca explícitamente que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la marcada asimetría entre las distintas regiones, otro de los temas sobre los que hubo mayor coincidencia en las conversaciones y sobre el cual se solicitó mayor atención, para que se trabaje de forma transversal a todas las dimensiones de desarrollo.

Por otra parte, también aparece en dicho apartado el desafío con respecto al acceso a la justicia para poblaciones vulnerables, identificando entre ellas a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas mayores, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas que viven con VIH, el colectivo LGBTIQ+ (en particular las personas transgénero), personas viviendo en asentamientos informales, personas en situación de calle y personas migrantes y refugiadas. Otros puntos destacados en los diálogos que se ven reflejados en esta parte del MECNUD son la necesidad de nombrar al Defensor del Pueblo de la Nación, de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública argentina y de fortalecer tanto los mecanismos de rendición de cuentas como de la aplicación y el monitoreo de las leyes existentes, sobre todo en materia ambiental. Además, se incorporó el reconocimiento explícito del Mercosur como un actor valioso que ha revitalizado el proceso de integración a través de medidas institucionales y de la sanción de normativas educativas, migratorias, comerciales y económicas. Por último, para lograr un desarrollo sostenible, sin discriminación alguna, el MECNUD también habla de la importancia de la inclusión y la participación activa, y de la promoción de espacios de diálogo entre diferentes niveles de gobierno y otros actores de la sociedad civil (academia, gremios, sindicatos, empresarios, organizaciones no gubernamentales, etc.). Precisamente, si bien hubo varios aspectos que fueron muy destacados durante el proceso de participación (por ejemplo, la necesidad de fortalecimiento y articulación intergubernamental y la eliminación de las brechas territoriales) el tema central de coincidencia de los diálogos fue el empoderamiento de los actores de la sociedad civil y el fortalecimiento de la participación social significativa, efectiva y con incidencia en todo el ciclo de las políticas públicas.

En el Capítulo 2 del Marco de Cooperación, en términos generales, se hace referencia a la participación, al enfoque de derechos humanos, al enfoque territorial y al enfoque de género como temas transversales, al igual que la premisa de no dejar a nadie atrás. Específicamente, en el apartado de Diagnóstico y Causalidades (2.3), también se hace referencia a las brechas en el acceso a los derechos que se ven agravadas por el desbalance territorial de Argentina. Asimismo, se vuelven a remarcar las limitaciones en la articulación y gestión de acciones coordinadas entre los distintos niveles y áreas del gobierno. Además, se advierte sobre la escasa participación de actores sociales en los procesos de diseño, planificación, implementación y evaluación de las políticas y programas. En este sentido, el MECNUD considera que son insuficientes los mecanismos de participación y que incluso muchas veces las personas no tienen o no conocen los recursos e instancias institucionales para hacer valer su voz e involucrarse con las políticas que los afectan de manera activa, dinámica y culturalmente adecuada.

Otros puntos que tuvieron relevancia en los diálogos y que se ven reflejados aquí son los obstáculos para el acceso a la justicia en todo el país, la baja sensibilización general frente a la temática ambiental, y la falta de aplicación transversal del enfoque de derechos y de la perspectiva de género. Más aún, estos temas también son reconocidos en el apartado sobre Teoría del Cambio (2.4). Por ejemplo, al hacer referencia a las situaciones deseadas que se pretenden alcanzar, se aspira a mantener diálogos abiertos, promover el acceso a la información pública, fortalecer los espacios de participación con las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, actores sociales y políticos, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, e involucrar a todas las personas para generar mecanismos de participación donde hagan valer su voz como parte integral de la toma de decisiones en todos los temas que involucren brechas de derechos humanos, género, territorio y ambiente, de modo de afectar positivamente la legitimidad de las políticas y su apropiación. También en este apartado se busca que las autoridades gubernamentales de los distintos niveles articulen y coordinen sus acciones adecuadamente y que el Estado planifique e implemente las políticas públicas con enfoque territorial, de población y con perspectivas de derechos humanos y género.

Posteriormente, en el apartado de las Prioridades Estratégicas (2.5) se puede ver esta sinergia entre lo planteado en el MECNUD y lo reconocido en los diálogos como prioritario. En esta línea, si bien se explican las dimensiones económica, social, ambiental y de gobernanza, se aclara que los principios no se tomarán como módulos complementarios, sino como un todo integrado, tal como fue sugerido en varios de los encuentros.

En particular, el MECNUD explica que la dimensión económica aspira a alcanzar un crecimiento económico inclusivo, que sea respetuoso del ambiente y que beneficie a los sectores y territorios más excluidos. Algunas especificidades dentro de los temas prioritarios que se reiteraron en los diálogos y que aparecen en el documento son la creación de pequeñas y medianas empresas, empleos y alternativas de generación de ingresos, la estructura tributaria, la informalidad laboral, la economía social, solidaria y popular productiva, y la discriminación en el mercado laboral, entre otros. A su vez, se aclara que se cooperará para alcanzar, por ejemplo, una reducción de las desigualdades de género en el mercado laboral y el trabajo de cuidados no remunerado, una ampliación de los servicios del sistema de protección social, de modo de reducir las disparidades territoriales, y un fortalecimiento de las políticas de empleo, educación y formación. Otro punto relevante reconocido dentro de esta dimensión económica es el desarrollo de las capacidades institucionales del Estado para mejorar la eficiencia energética y la promoción de un uso racional y sostenible de los recursos naturales.

En la dimensión social, algunas de las sugerencias plasmadas en los diálogos y que se ven reflejadas en el MECNUD son las menciones al entorno de bienestar, a la vivienda y el hábitat, a la educación sexual integral y a la brecha digital. Sobre la dimensión ambiental, se hace referencia explícita a la implementación de los marcos normativos, la transición justa, la transición energética y la promoción de la energía sostenible, el manejo y control de sustancias y gestión integral de residuos, la economía circular, la adopción de mecanismos de participación dinámicos y activos, y los derechos de las poblaciones indígenas y sus comunidades y otras comunidades locales, por ejemplo. Para la dimensión de gobernanza, se enfatizaron los puntos de gobierno abierto, participación con mayores niveles de incidencia, coordinación entre todos los niveles y poderes del Estado, acceso a la justicia, violencias, trata de personas y lucha contra la corrupción, entre otros.

En el apartado sobre los Modos de Cooperación (2.7), también se hace una referencia particular a la promoción de la participación ciudadana, que incida en la toma de decisiones, en la elaboración y el monitoreo de las políticas públicas. A su vez, el empoderamiento y el desarrollo de las capacidades de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, para brindarles conocimientos y fortalecer sus aptitudes, aparecen como otra de las formas de cooperación.

Al explicar los efectos directos y las líneas estratégicas de cooperación, el MECNUD vuelve a mencionar varios de los temas destacados anteriormente y que surgieron en los diálogos. Por ejemplo, en la dimensión económica, se mencionan conceptos como el apoyo a micro y pequeños productores y productoras y a micro, pequeñas y medianas empresas, economía circular, incorporación al mercado del trabajo de las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, el fomento de la transición de la economía informal a la economía formal, la eliminación de toda forma de discriminación en el mercado laboral, el énfasis en conseguir inversiones para las zonas más rezagadas del país, y el fortalecimiento y la capacitación a los actores locales (individuos, familias, micro y pequeños/as emprendedores/as) como sostén del desarrollo local productivo y social.

En los efectos directos y líneas estratégicas de cooperación de la dimensión social, se incluyeron temas como reducir la fragmentación de los sistemas de protección social, mejorar la planificación, ejecución y seguimiento de los presupuestos asignados al desarrollo de las políticas sociales, prestar especial atención a los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva y la salud materno infantil, y apoyar al sector educativo para que consolide y amplíe los recursos pedagógicos, tecnológicos y de gestión, incluyendo el abordaje de temas de educación sexual integral y atendiendo a las necesidades de familias o territorios en mayores condiciones de exclusión.

En cuanto a la dimensión ambiental, se vuelve a poner énfasis en la transición justa, en la economía circular, en la implementación de los marcos normativos ambientales y el cumplimiento de los convenios internacionales, en la gestión de residuos, en el control de la contaminación, en la transición energética, en atender particularmente las necesidades de pequeños/as productores/as y pueblos indígenas, en la institucionalización de mecanismos participativos y transparentes para la planificación de la política ambiental, en capacitar y apoyar a las comunidades para el monitoreo y participación activa en temas de conflictos socioambientales, en profundizar la alianza con el sector empresarial y los sindicatos para crear mecanismos de medición de las contribuciones empresariales, y en facilitar plataformas de difusión para que la voz de adolescentes y jóvenes sea escuchada y sus opiniones sean tenidas en cuenta en la generación de políticas públicas.

Para la dimensión de gobernanza, algunos puntos que surgieron de los diálogos y que se ven reflejados en las intenciones de los efectos directos y de las líneas estratégicas de cooperación son aumentar la participación social en espacios de involucramiento público y así incrementar sus niveles de incidencia y de representación política; empoderar y capacitar a mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, afrodescendientes, personas migrantes y refugiadas, niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de los derechos humanos, la mejora de sus organizaciones y las formas más apropiadas de participar en el diseño de políticas públicas y en su implementación; incrementar los espacios de diálogo y concertación entre personas, grupos y organizaciones sociales, y el Estado; fortalecer la rendición pública de cuentas; y colaborar en la prevención, investigación y sanción de las violencias, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia, entre otros.

Por otra parte, en el apartado de Sinergias entre los resultados del Marco de Cooperación (2.8) se vuelve a hacer hincapié en la interrelación entre todas las dimensiones, prioridades estratégicas, efectos directos y líneas de cooperación, tal como fue fuertemente remarcado en los diálogos como una preocupación para evitar abordajes desarticulados y políticas públicas que desatiendan los enfoques integrales y multidimensionales requeridos para no dejar a nadie atrás. En el de Sostenibilidad (2.9) se afirma que ampliar y fortalecer los espacios de participación social con los actores de la sociedad civil es clave para obtener cohesión, poder construir consensos y así lograr la sostenibilidad de los objetivos. En cuanto al apartado Ventajas comparativas de las Naciones Unidas y configuración del equipo en el país (2.10), tal como fue solicitado en varios diálogos, se reconoce explícitamente a la ONU como un actor imparcial, con capacidad para acercar posiciones, convocar actores relevantes, facilitar diálogos y articular y promover debates en los temas más fundamentales. Finalmente, el Capítulo 2 del propio MECNUD concluye con un apartado específico sobre los Diálogos con la sociedad civil sobre el MECNUD, donde se explican resumidamente las metodologías, los objetivos, los actores que participaron y las principales conclusiones. Este documento complementa dicho apartado.

En el Capítulo 3, se retoma la idea de que la participación debe darse no solamente en la etapa de diseño sino también en la implementación y el seguimiento del Marco de Cooperación 2021-2025. Asimismo, se reconoce una vez más el rol fundamental de las Naciones Unidas como facilitador alianzas, con su capacidad de acompañar y convocar a diversos actores, tanto públicos como privados, y reunirlos bajo objetivos comunes. Además, vuelve a destacarse la importancia de un enfoque territorial estratégico para que la cooperación sea efectiva.

Para concluir, en el Capítulo 4, en el apartado sobre Riesgos y Oportunidades (4.2), se reconoce explícitamente el alto interés de las organizaciones y movimientos sociales como un factor altamente positivo en el país (por ejemplo, el movimiento feminista). Por otra parte, uno de los riesgos identificados es que los distintos actores de la sociedad civil tienen una limitada incidencia en los espacios de diálogo por falta de recursos y que no son consultados en temas que son de su injerencia. También se menciona específicamente la falta de acceso a agua, saneamiento y energía en algunas regiones como obstáculo para la realización de actividades económicas y que compromete el bienestar y la prosperidad de la población, especialmente de los pueblos indígenas y de los habitantes de asentamientos informales. En este sentido, también se expresa que la inexistencia de reconocimiento legal de las tierras de las comunidades indígenas podría poner en riesgo su supervivencia comunitaria. A su vez, la escasa coordinación institucional e intergubernamental también fue advertida como un factor que pone en riesgo las sinergias que requiere el cumplimiento de los ODS. En materia ambiental en particular, también se destaca la falta de participación activa de actores clave en los mecanismos participativos, evaluación de impacto y demás instancias de consulta como un riesgo.

De esta forma, se destacan algunos ejemplos de cómo el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de Argentina incorpora y refleja varios de los principales puntos que fueron destacados en los distintos diálogos, y que permiten dar cuenta de la importancia y la incidencia de estos espacios de participación en el diseño de la estrategia de cooperación de Naciones Unidas en Argentina para los próximos cinco años. A su vez, aquellas cuestiones que no han podido ser incorporadas explícitamente en el MECNUD se mantendrán como insumos para el debate y la consideración interna a la hora de planificar acciones futuras.

CONCLUSIONES

El Sistema de las Naciones Unidas en Argentina considera a los actores de la sociedad civil y del sector privado como aliados estratégicos en el impulso de las políticas de desarrollo. Esto se ve reflejado con la promoción de la participación ciudadana en el diseño de las prioridades y metas del MECNUD de forma de no dejar a nadie atrás y contribuir al empoderamiento de las personas y los grupos, que es uno de los elementos fundamentales de los enfoques basados en los derechos humanos orientados a eliminar la marginación y la discriminación. De esta manera, además de generar una mayor confianza y transparencia, legitimar las decisiones y asegurar mejores resultados con respecto a la cooperación de Naciones Unidas en el país, se avanza en la protección de poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y en la garantía de un desarrollo económico sostenible, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

El proceso participativo de diálogos y encuestas asistió a la elaboración del MECNUD en la identificación de las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad, en la comprensión de los motivos y las causas que explican dicha exclusión, y en la determinación de las principales necesidades, prioridades, desafíos y oportunidades, entre otras.

Si bien no fue posible incorporar explícitamente la postura de cada persona que participó en cada uno de los 11 diálogos celebrados, los puntos sobre los que hubo mayor consenso fueron reflejados, potenciados e incorporados en el Marco de Cooperación. Entre ellos, aumentar la participación significativa de la sociedad en las políticas públicas, poner el foco en el monitoreo, aplicación e implementación de los marcos normativos existentes, reconocer las brechas territoriales en el país en cuanto al acceso a derechos, impulsar la perspectiva de género transversal a todas las áreas de gobierno y promover una mayor articulación intergubernamental entre los distintos niveles. Muchos de estos desafíos representan problemas estructurales y complejos, que difícilmente se puedan resolver en el corto plazo. No obstante, eso no impide empezar a trabajar en ellos profundamente y, de hecho, el MECNUD representa una oportunidad de planificar soluciones a mediano y largo plazo.

La participación de estos actores es clave en todo el proceso del MECNUD, desempeña un papel esencial en la mejora de la implementación, modificación, revisión, monitoreo y evaluación, para potenciar su eficacia y eficiencia.

Estos diálogos han permitido reforzar el MECNUD pero también han dado cuenta de la necesidad de espacios de participación, de nuevos temas y reflexiones que deben ocupar un lugar en las agendas, por esa razón, se reitera el compromiso de facilitar y promover la participación significativa en todas las facetas de la Agenda 2030, para alcanzar consensos en cuanto a las acciones necesarias para no dejar a nadie atrás, llegar primero a las personas más marginalizadas y contribuir al respeto y la garantía de los derechos humanos.

[1] Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA 2030) es una articulación multiactoral que busca difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y formar y desarrollar incidencia política para el diseño de marcos normativos en línea con los ODS. Actualmente, 29 organizaciones sociales, sindicales y académicas trabajan conjuntamente en este espacio de confluencia y articulación.

[2] Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030 (PAMPA 2030) es una articulación multiactoral que busca difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, formar y desarrollar incidencia política para el diseño de marcos normativos en línea con los ODS. Actualmente 29 organizaciones sociales, sindicales y académicas trabajan conjuntamente en este espacio de confluencia y articulación.

[3] Pacto Global Argentina es una iniciativa de responsabilidad social corporativa, con más de 800 participantes y presencia en 20 provincias. Su objetivo es movilizar al sector empresarial así como a otros actores relevantes a comprometerse con 10 principios universales de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

[4] RACI es una federación compuesta por más de 150 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina, que trabaja para fortalecer y promover acciones coordinadas con el sector. Su objetivo es crear un espacio para el diálogo y el intercambio donde las partes interesadas que deseen trabajar en el desarrollo sostenible, tanto en el país como a nivel internacional, puedan reunirse directamente con las organizaciones de acuerdo a sus diferentes especializaciones y contribuir de manera articulada a la transformación social.