Avances del Plan de Respuesta Humanitario Internacional en respuesta a la emergencia socio-sanitaria

Salta, 27 de Agosto 2021 – El Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y su equipo finalizaron hoy una misión a la provincia de Salta con el fin de evaluar el plan de respuesta humanitario internacional a la emergencia sociosanitaria, así como intercambiar con autoridades provinciales, referentes de organizaciones de sociedad civil y miembros de comunidades indígenas respecto de avances en la zona de la emergencia. La visita también estuvo orientada hacia las diferentes iniciativas de Naciones Unidas Argentina viene desarrollando en la provincia, previo a la emergencia, entre las cuales se encuentran acciones sobre prevención de la violencia contra las mujeres, atención de primera infancia, preservación de la biodiversidad, construcción y gestión de infraestructura, derechos sexuales y reproductivos, respeto y promoción de derechos humanos, con foco en las poblaciones en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, migrantes y personas refugiadas, entre otras. 

Durante la visita, llevada a cabo entre el 23 y el 27 de agosto, el equipo de Naciones Unidas Argentina recorrió las ciudades y parajes de Salta, Orán, Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este, donde sostuvo intercambios con autoridades gubernamentales de máximo nivel, referentes de organizaciones de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas con el objetivo de analizar el conjunto de avances, desafíos y problemáticas de la zona, que contribuyan a reforzar líneas de acción adecuadas del Plan de Respuesta Humanitario para continuar reduciendo los niveles de vulnerabilidad que afectan a las comunidades de la zona.

El Coordinador Residente destacó los importantes esfuerzos del Estado a nivel a nacional y provincial, así como de las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta a la emergencia. Se han desarrollado estrategias para combatir de la desnutrición aguda, implementado programas e inversiones sobre acceso al agua, movilizando recursos y alianzas públicos-privados, fortalecido la atención a mujeres, niñas., niños y sus familias, a través de acompañantes familiares, entre otras iniciativas y programas que se han venido implementado desde enero 2020.  Todo a ello, ha permitido reducir significativamente los fallecimientos por causas asociadas a la desnutrición. La misión de las Naciones Unidas destaca que si bien los avances y esfuerzos han sido significativos, existen cuestiones estructurales que constituyen grandes desafíos, por lo que es preciso abordarlas de manera urgente, conjunta e intersectorial.

“En general lo que hemos visto es un contexto en el cual poblaciones indígenas pero también criollas viven en situación de pobreza extrema o indigencia. Las poblaciones indígenas nos han informado que se sienten profundamente discriminadas, no sólo en el acceso a servicios y derechos básicos, pero también discriminadas por agentes del Estado en los ámbitos educativos, de salud y de seguridad,” afirmo Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina. “Claramente, el Estado ha desplegado importantes iniciativas y recursos para atender los impactos de la emergencia y prevenir la agudización de la seguridad alimentaria y de la falta de agua, sin embargo la dimensión de los problemas es tan importante que se sugiere la activación de un programa de atención socio económica con enfoque de derechos humanos y género que atienda a las necesidades insatisfechas para que los derechos humanos de estas poblaciones estén en el centro de la respuesta y sean respetados y promovidos. Este programa o iniciativa estratégica debería ser liderada por el Estado en sus varios niveles territoriales pero construida conjuntamente con las poblaciones afectadas indígenas, campesinas o rurales, especialmente niños, niñas y mujeres, requiere una alianza con la sociedad civil organizada y el sistema productivo y económico argentino. No se trata sólo de una deuda histórica, sino de un imperativo ético, a fin que el esfuerzo contribuya a no dejar a nadie atrás. Asimismo, se apela a la comunidad internacional presente en Argentina en el ámbito humanitario y de desarrollo, a prestar especial atención a esta situación y acompañar al Estado y sociedad argentina para atacar estas desigualdades estructurales profundas”

Cabe mencionar que para los pueblos indígenas de la zona los servicios públicos constituyen la única opción de accesibilidad en materia sanitaria, los cuales dada la escala de la problámatica son insuficientes e inadecuados, presentando un progresivo deterioro de programas de salud rural. Históricamente existe una débil presencia estatal. En los tres departamentos viven más de 350 comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas ni a todas las personas que requieren de asistencia social, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento, y con limitaciones de acceso a los servicios de salud. Existen barreras de cultura e idioma respecto a los funcionarios estatales, en especial por parte de las mujeres. Existen además barreras físicas por la distancia y lo inaccesible de los caminos de tierra que en épocas de lluvia aíslan a muchos parajes rurales. Estas condiciones profundizan la desigualdad y la exclusión social, siendo los pueblos indígenas los más afectados.

Se advierte la necesidad de fortalecer la planificación estratégica, monitoreo y evaluación de los planes de intervención, así como la articulación entre los distintos sectores, en consulta con las poblaciones afectadas. Considerando que el cuadro de situación es crítica con la sequía, y se agravaría en el período estival, se considera esencial redoblar los esfuerzos e implementar acciones para evitar nuevos desenlaces fatales.  Por otra parte, a la par de la distribución de agua, es clave avanzar en soluciones permanentes en materia de agua, saneamiento e higiene, realizar intervenciones urgentes en atención al prolongado período de sequía. En este contexto, se ofrece la articulación y dialogo con el gobierno nacional para generar soluciones a más largo plazo.

En los diversos testimonios recibidos, se ha manifestado recurrentemente la discriminación y violencia que sufren los pueblos indígenas en los servicios públicos, como salud, educación y seguridad, asimismo, la existencia de un elevado nivel de prejuicios entre la población, da cuenta de la existencia de estigmatizaciones y estereotipos sobre las poblaciones indígenas, sin percibirlas como titulares de derechos, y reforzando la discriminación y racismo que enfrentan estas poblaciones desde hace años. Las prácticas discriminatorias a menudo se yuxtaponen con una pobreza más severa que afecta a los pueblos indígenas, con una incidencia mayor en las mujeres y las niñas y niños. Acelerar el proceso de titulación de tierras, focalizar en políticas de desarrollo económico local, con participación de los pueblos indígenas y posibilidades de empleo, entre otras, podrían ser claves para modificar esta situación.

Otra de las cuestiones que se repitió como demanda durante las reuniones con representantes de las comunidades indígenas, es la necesidad de implementar la consulta previa, libre e informada en todos aquellos asuntos que les afecten, de acuerdo a lo establecido por los estándares internacionales de DDHH, promoviendo espacios que faciliten la mayor participación indígena, en especial de las mujeres, a fin de conocer su visión de la realidad y adecuar culturalmente las acciones.

Asimismo, hemos observado que, en algunas de las comunidades visitadas, las personas indígenas con discapacidad, en especial mujeres, niños y niñas, experimentan múltiples formas de discriminación, obstáculos para el pleno disfrute de sus derechos, por lo que es necesario que se tomen medidas que aseguren el acceso a sus derechos básicos.

El 29 de enero de 2020 la provincia de Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los Departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín debido a la grave crisis que atravesaba la región manifestada principalmente en el fallecimiento niños y niñas indígenas, por cuadros de desnutrición e inseguridad alimentaria o enfermedades asociadas a ella, y el agravamiento de la salud de cientos en similar condición. La medida extraordinaria definió la obligación de dirigir los mayores esfuerzos estatales para asistir de manera inmediata a las personas que habitan en las mencionadas localidades, a través de acciones prioritarias enfocadas en cubrir las necesidades de alimentación, salud y agua segura.

Alertados por la situación, en su momento se emitió un comunicado conjunto del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Argentina, UNICEF, OMS/OPS y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en el cual se expresó la preocupación por el fallecimiento y el grave estado de salud y nutricional de niños y niñas wichí de la provincia de Salta. Reconociendo el accionar del gobierno local y nacional se ofreció apoyo para colaborar en la emergencia sociosanitaria con el fin de promover y proteger los derechos de todas y de todos y apoyar los esfuerzos necesarios para contribuir a un desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás (30 de enero de 2020).

El 6 de febrero de 2020, por invitación del Gobernador de Salta, se realizó una primera misión de nivel estratégico en Salta encabezada por el Coordinador Residente de Naciones Unidas, junto con la Representante de UNICEF, la Representante de OPS/OMS, funcionarios de ACNUDH, el Representante de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), el Presidente de la Cruz Roja Argentina y el Responsable de Cooperación de la Comisión Europea. Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con las autoridades máximas a nivel gubernamental. Hubo un intercambio sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno provincial en el contexto de emergencia y ejes de acción de trabajo conjunto que se podrían desarrollar, así como la posibilidad de elaborar un plan estratégico de respuesta.

En este contexto, el gobierno, con apoyo de Naciones Unidas Unidas y los socios humanitarios se elaboró el Plan de Respuesta de emergencia socio sanitaria. En este marco, y en articulación permanente con las autoridades gubernamentales, desde su implementación se han desarrollado estrategias para el manejo comunitario de la desnutrición aguda, se han apoyado los esfuerzos en materia de agua e higiene y se han incorporado nuevas líneas de formación, investigación y acompañamiento en materia de violencia contra las mujeres, promoviendo la participación indígena y considerando el nuevo escenario producto de la circulación del COVID-19 en la región.

La Oficina del Coordinador Residente, con el apoyo de socios humanitarios que integran la Red Humanitaria Internacional Argentina (RHIA) se identificaron . las necesidades humanitarias prioritarias detectadas en el plan se vinculan con la falta de acceso a agua de cantidad y calidad suficiente, sumado a condiciones inadecuadas de saneamiento e higiene, lo cual genera un ambiente propicio para la transmisión de bacterias y virus que generan infecciones; con una deficiente ingesta de alimentos y micronutrientes que determinan el estado nutricional y la fragilidad del organismo de niños y niñas; con limitaciones en el acceso a los servicios de salud (ubicación dispersa, falta de transporte oportuno en caso de emergencia, rechazo cultural respecto a los servicios, entre otros); y con un débil ejercicio de derechos en un marco institucional que no favorece la participación libre e informada en las políticas que les afectan a las comunidades indígenas, además de situaciones de violencia basada en género que no son abordadas suficientemente.

La caracterización de las personas en necesidad humanitaria se ha centrado en las más vulnerables, correspondientes a las comunidades indígenas de los Departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín, de la provincia de Salta.

A la grave crisis regional se sumó́ la crisis ocasionada por la pandemia de COVID- 19, que llevó al gobierno nacional a declarar medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que conllevan una serie de restricciones de alcance general y el reordenamiento del sistema sanitario. Como a otros sectores afectó sensiblemente la caída de ingresos en los integrantes de las comunidades, principalmente por la paralización del empleo: agrarios, construcción, servicios domésticos, artesanías, etc. Aunque algunos de estos fueron liberados, es difícil poder trasladarse a posibles lugares de trabajo.

Se manifiesta también en materia de educación una enorme brecha digital, la falta de conectividad o de los equipos necesarios hace imposible la virtualidad promovida. Tanto la adquisición como el traslado de la ayuda humanitaria ha sido desafiante debido a que lo solicitado del exterior del país llega a Buenos Aires y desde allí se debe trasladar hasta la zona de la emergencia. Debido a las disposiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio, diferentes acciones debieron postergarse o redefinirse. Talleres y espacios de acompañamiento proyectados en las comunidades, no pudieron llevarse a cabo para evitar agrupamiento de personas. En reemplazo, se realizaron algunos “micro talleres” destinados a un grupo reducido de personas manteniendo las pautas de bioseguridad y distanciamiento.

La Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas asumió la responsabilidad de coordinar y facilitar la implementación de la respuesta de organizaciones de cooperación internacional, brindando apoyo en cuanto a manejo de información sobre las actividades las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias que están desarrollando intervenciones de asistencia en Salta por la emergencia socio-sanitaria. Asimismo, esta coordinación permite realizar un análisis de situación actualizado sobre las necesidades humanitarias pendientes de atención, y un seguimiento programático de la respuesta de las organizaciones de la cooperación internacional humanitaria para asegurar una efectiva complementariedad y un mayor impacto. 

En tanto, liderada por la RCO de Argentina, junto con los socios de la ONU RCO en Bolivia y Paraguay, se lanzó una estrategia compartida en relación al “Gran Chaco Americano”, en respuesta a las particularidades de la región y la necesidad de un enfoque integral. La iniciativa contribuye a la capacidad técnica de la ONU en los tres países en el análisis de los riesgos multidimensionales producidos por COVID-19, con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, y considerando el rol de la juventud en los aspectos humanitarios, ambientales y relacionados con la violencia.