El relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentó sus observaciones preliminares luego de su misión en Argentina

El relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, destacó hoy el contraste entre los logros ejemplares de Argentina en materia de institucionalidad democrática y derechos humanos y la persistencia en el país de prácticas, mayormente invisibilizadas, de violencia institucional con resultado de muertes; y exhortó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para prevenir e investigar eficazmente todas las muertes ilícitas, ofreciendo para ello el apoyo de su mandato.

"Esta es la primera visita a la Argentina en los 40 años de existencia del mandato, cuya creación en 1982 le debió mucho al movimiento de derechos humanos del país, en particular a las víctimas y a sus familiares”, dijo el Relator Especial en una declaración al concluir de la visita, agradeciendo por ello y destacando también que la visita haya tenido lugar poco antes de cumplirse el 40° aniversario de institucionalidad democrática ininterrumpida en Argentina.

El Relator Especial enfocó su visita en los fenómenos de violencia institucional con resultado de muerte, las muertes en custodia y las muertes por violencia de género u orientación sexual, con especial atención a su investigación y prevención eficaces. La visita ofreció una oportunidad inigualable para constatar los logros, identificar buenas prácticas, así como los desafíos pendientes para prevenir toda muerte arbitraria, evitar la impunidad y atender los reclamos de la víctimas.

Durante la visita Tidball-Binz se reunió con representantes de diversos organismos estatales, de todos los poderes del Estado y con organismos autónomos, a nivel nacional y provincial, con entidades académicas y con organizaciones no gubernamentales, así como con un gran número de familiares de víctimas de violencia institucional, incluyendo muertes en custodia y por violencia de género. Pudo constatar que estas familias enfrentan grandes desafíos, incluyendo disciminación, para lograr verdad y justicia, asi como trabas en las investigaciones, hostigamientos y amenazas de parte de los mismos acusados, quienes con frecuencia se benefician de impunidad.

El Relator Especial urgió a las autoridades responsables para que se investigue y sancione debidamente a los responsables de toda muerte ilícita, se garantice la assistencia jurídica adecuada y la protección a las victimas y  se implementen programas de capacitación continuos a funcionario/as encargados de hacer cumplir la ley. “Es imperativo  que su accionar se ajuste en todo momento a los estándares internacionales que deben guiar su accionar, incluyendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden” dijo el Relator Especial.

"En cuarenta años ininterrumpidos de gobiernos democráticos, Argentina ha consolidado una sólida cultura de derechos humanos que se refleja, entre otras cosas, en los logros ejemplares en materia de verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado y en su actual presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, he constatado que subsisten en el país prácticas de violencia institucional, incluyendo violaciones de los derechos humanos con resultado de muertes y que afectan principalmente a sectores en situación de vulnerabilidad y mas desfavorecidos de la población, lo cual contribuye a la invisibilización del fenómeno, a la impunidad de los responsables y a la perpetuación de prácticas contrarias al estado de derecho. Hago por ello un llamado urgente al estado argentino a erradicar estas prácticas mediante la implementación de medidas concretas, incluyendo la eficaz investigación de toda muerte potencialmente ilícita, la sanción de los responsables y la protección de las víctimas”, subrayó Tidball-Binz al final de una visita de 10 días a Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Corrientes y Resistencia.

"Por ello hago también un llamado para que se trate y apruebe con celeridad el Proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional, actualmente pendiente en el Congreso de la Nacion. Este proyecto de ley apunta a establecer un marco más amplio para documentar, registrar, combatir y prevenir la violencia institucional en el país, proporcionar apoyo y reparación a las víctimas y fortalecer con ello el estado de derecho, constituyendose así en un modelo de buena práctica para otros países”, dijo Tidball-Binz.

"Elogio a los actores de la sociedad civil, en particular a las víctimas y a sus familiares, que han desempeñado y siguen desempeñando un papel fundamental e indispensable para la consolidación del estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos, incluyendo mediante su contribución a una eficaz prevención e investigación de violaciones de los derechos humanos. En particular, quiero destacar el aporte extrardinario de las Abuelas de Plaza de Mayo y del Equipo Argentino de Antropología Forense, por su carácter pionero en el desarrollo y uso de métodos científicos para la investigación de las violaciones de los derechos humanos y en la identificación de las víctimas, incluyendo la genética y la antropología forenses, y que contribuyeron también a la elaboración de estándares universales y modelos de investigacion de muertes ilícitas y desaparición forzada que son de gran utilidad para los operadores/as judiciales, como el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016). Este es hoy el referente mundial en la materia y una herramienta probadamente útil para investigar de manera fiable y ayudar a prevenir toda muerte potencialmente ilícita", destacó el Relator Especial, quien hizo un llamado para que dicho protocolo sea debidamente aplicado y utilizado en todo el pais para la investigación de todas las muertes por violencia institucional, muertes en custodia y por violencia de género. En este sentido, el Relator Especial recomendó que se cree un mecanismo a nivel nacional para los servicios de medicina legal y ciencias forenses de todo el país, a fin de promover y apoyar la efectiva implementación de este y de otros estándares de buena práctica forense, coordinar esfuerzos en la materia y apoyar procesos de control y garantía de calidad de los servicios médico legales y forenses en todo el país.

El Relator Especial constató que no existen estadísticas unificadas y fiables sobre muertes por violencia institucional ni de muertes en custodia que se se producen en el país, lo cual dificulta o imposibilita elaborar políticas efectivas para su erradicación y prevención a nivel nacional, por lo que hizo un llamado para que se implementen los mecanismos existentes para consolidar y publicar estas estadísticas.

"Por último, pese a los destacables esfuerzos, me preocupa también sobremanera la persistencia de violencia con resultado de muerte por razones de género u orientación sexual. Según los informes, Argentina registró 231 femicidios en 2021, incluyendo un número desproporcionado de estos crímenes cometidos por agentes del orden haciendo uso de armas reglamentarias estando fuera de servicio. Insto por ello a redoblar esfuerzos para prevenir toda muerte por violencia de género u orientación sexual, incluso garantizando que todos estos casos se investiguen de acuerdo con las normas internacionales, como el Protocolo Modelo Latinoamericano para la investigación de los asesinatos de mujeres por razones de género.”, dijo el Relator Especial en ocasión el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres.

Para concluir, Morris Tidball-Binz ofreció el apoyo de su mandato para la implementación de las recomendaciones surgidas de su visita, incluyendo mediante la asesoría y asistencia técnicas especializadas.

El Relator Especial presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 53º periodo de sesiones en junio de 2023.

*El Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias es un médico especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria. Actualmente es profesor clínico adjunto de medicina forense en la Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud de la Universidad de Monash (Australia) y profesor visitante del Departamento de Medicina Forense, Ética y Derecho Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra (Portugal) y del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Salud de la Universidad de Milán (Italia). El Sr. Tidball-Binz ha trabajado para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), donde ayudó a establecer y fue el primer director de la Unidad y Servicios Forenses. También cofundó el Equipo Argentino de Antropología Forense, organización pionera en la aplicación de métodos científicos para investigar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

Derechos Humanos de la ONU, Página de País – Argentina

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