Del 16 al 23 de mayo y por invitación del Gobierno Nacional, estuvo de visita en el país Mutuma Ruteere, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Recorrió tres provincias: Salta, Formosa y Buenos Aires, donde mantuvo una serie de reuniones con funcionarios nacionales y del ámbito provincial, miembros de organizaciones de la sociedad civil, comunidades e instituciones independientes, a fin de observar en primera persona la situación que atraviesa la República Argentina en materia de derechos Humanos y obtener una mayor comprensión de la actualidad.
“El objetivo de mi visita es formular una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a abordar en forma efectiva el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, a fin de alentar una sociedad inclusiva que, hoy más que nunca, resulta una pieza clave, en especial dentro del marco de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”, expresó Ruteere.
Logros alcanzados por Argentina enumerados por el Relator
- Argentina ha desarrollado un marco jurídico integral para la eliminación de la discriminación racial, que abarca las disposiciones de la Constitución para garantizar la equidad en el goce de los derechos para todos los habitantes, tanto argentinos como extranjeros.
- La Ley 23,592 establece desde 1988 la figura de la discriminación en general, y la de discriminación racial en particular, como delitos comunes, y además estipula un agravante en el caso de los delitos penales cometidos por persecución u odio racial. Sugerencia del relator: Este marco podría fortalecerse aún más si se definiera la discriminación en general como delito penal.
- El marco existente para abordar cuestiones atinentes a grupos vulnerables específicos, tales como los pueblos originarios: la Ley 26.554, que ordena que se realice un relevamiento en materia de posesión y titularidad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, a fin de evitar los desalojos forzados. La creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y la promulgación de la Ley 26.206 que estableció la Educación Intercultural Bilingüe constituyeron un gran avance para estas comunidades.
- Argentina cuenta con una ley progresista sobre migraciones que se destaca a escala internacional, reconoce la migración como derecho fundamental inalienable, y enfatiza que los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos que los nativos.
- El país también ha establecido una serie de instituciones para promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación como, por ejemplo, el INADI, que implementa el plan nacional contra la discriminación, concientiza sobre el tema, y realiza investigaciones y relevamientos sobre el problema.
- El mandato de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- así como del Consejo Federal de Derechos Humanos, que reúnen a las secretarías y altas autoridades de derechos humanos de las 24 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se han transformado en instituciones que incentivan y protegen las oportunidades de los ciudadanos.
- La existencia de entes de monitoreo independientes como la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión son dignos de destacar. El relator espera con beneplácito la pronta designación de un nuevo Defensor del Pueblo.
Desafíos pendientes en Argentina según las observaciones del Relator
Uno de los desafíos pendientes más significativos que señaló Ruteere está vinculado a las terribles condiciones de pobreza extrema, escases de recursos y abandono que enfrentan los pueblos originarios, uno de los grupos que él indicó dentro de los más vulnerables.
“Una gran parte de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad, la situación de los pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata”, enfatizó y continuó diciendo que se necesita una estrategia nacional exhaustiva junto a un trabajo conjunto de las provincias para mejorar y visibilizar la realidad de los indígenas, que es desconocida por un importante sector de la sociedad argentina. “El estado en el cual viven algunas comunidades autóctonas son inaceptables en 2016.”
Mencionó además como altamente condenable la represión y toma de represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas y sus familias.
Otra problemática detectada es la presencia de grupos Neonazis que deberían ser acusados e investigados por amenazar y hostigar a grupos minoritarios judíos.
Existe además otro sector desvalido que preocupa y merece protección, se trata de los migrantes de países vecinos y senegaleses que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna, suelen ser víctimas de violencia sistemática por parte de la policía y carecen de acceso a la justicia en la mayoría de los casos por cuestiones que se vinculan con las barreras del idioma, los conocimientos limitados sobre las leyes, o los inconvenientes para encontrar una orientación jurídica adecuada a fin de presentar una demanda ante la secretaría de un juzgado.
El relator hizo hincapié en el impacto de los medios de comunicación y de la educación como herramientas fundamentales para erradicar el prejuicio, la discriminación, la estigmatización y para fomentar la convivencia. Destacó en este sentido la necesidad de crear un programa de educación en derechos humanos integral para combatir el sesgo y promover el entendimiento mutuo.
Más información en: la Declaración completa de fin de misión del Relator Especial